Investigan en San Juan presunta estafa millonaria en una red de inversiones: los damnificados son feligreses de una iglesia

La maniobra habría captado fondos con promesas de rentabilidad extraordinaria y respaldo empresarial inexistente. Los principales acusados operaban a través de firmas sin registro legal.

La Justicia de San Juan avanza en una causa por una presunta estafa de gran escala que habría funcionado bajo una estructura empresarial simulada. Los imputados, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo, están señalados como responsables de un esquema de defraudación reiterada que operaba mediante las supuestas compañías “Green House” y “Green House Fintech”.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones con rendimientos inusualmente altos: entre un 4% y un 6% semanal, e incluso hasta un 20% mensual. La propuesta prometía retornos inmediatos y sostenidos, un atractivo que habría resultado clave para captar aportantes.

El fiscal Eduardo Gallastegui, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, explicó que el mecanismo se sostenía en una cuidada puesta en escena destinada a transmitir solidez. Los sospechosos montaron oficinas abiertas al público en los departamentos de Santa Lucía y Capital, lo que reforzaba la apariencia de formalidad ante potenciales clientes. Sin embargo, la pesquisa determinó que las firmas no contaban con CUIT ni inscripción tributaria, y que las operaciones se realizaban a título personal.

La estrategia de captación se apoyaba principalmente en la cercanía y la confianza. La mayoría de los aportantes provenía del círculo íntimo de los acusados: amistades de larga data, familiares y, especialmente, integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según consta en la causa, los vínculos religiosos habrían sido utilizados como canal de expansión del esquema, mediante la oferta de “contratos espejo” que prometían duplicar el capital si se sumaban nuevos inversores.

Para justificar los supuestos beneficios, Ontiveros y Ocampo afirmaban que el dinero era destinado a emprendimientos mineros en la provincia y a compañías extranjeras. No obstante, nunca se acreditó documentalmente la existencia de tales operaciones. Los reportes de ganancias se enviaban cada semana a través de planillas de Excel carentes de firma y respaldo legal.

El circuito no se limitaba a transferencias en pesos o dólares. También se aceptaban bienes registrables como forma de inversión. Entre los vehículos entregados por damnificados figuran una Citroën Picasso, una Ford Explorer y motocicletas Yamaha FZ.

El derrumbe del esquema

La situación comenzó a tensionarse en septiembre de 2025, cuando se registraron demoras reiteradas en los pagos prometidos. Frente a los reclamos, los acusados habrían ofrecido refinanciaciones sin respaldo financiero y cancelaciones parciales con bienes de escaso valor o en mal estado. En algunos casos, se intentó saldar deudas entregando vehículos previamente aportados por otros inversores.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas para determinar el alcance económico del presunto fraude y la cantidad total de personas afectadas.