Quintela endurece la pelea con San Juan por los límites

Ricardo Quintela envió un proyecto de ley para rechazar el acuerdo limítrofe de 1968 y habilitar acciones judiciales urgentes para proteger recursos mineros e hídricos en la zona en conflicto.

La histórica controversia territorial entre La Rioja y San Juan sumó un nuevo capítulo institucional con el envío a la Legislatura riojana de un proyecto de ley impulsado por el gobernador Ricardo Quintela, que busca fortalecer la posición jurídica de la provincia en el reclamo sobre sectores de la cordillera donde existen recursos estratégicos vinculados a la minería y al agua.

La iniciativa propone declarar la nulidad absoluta del acuerdo de límites firmado en 1968 entre los entonces interventores de facto de ambas provincias y habilita a la Fiscalía de Estado a promover medidas cautelares urgentes para impedir cualquier avance sobre los territorios en disputa hasta que exista una resolución definitiva.

El proyecto fue remitido a la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Teresita Madera, y se da en un contexto marcado por el creciente interés económico que despiertan las áreas cordilleranas donde avanzan proyectos mineros de gran escala y donde también existen recursos hídricos considerados estratégicos.

Rechazo a los límites fijados en 1968

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la ratificación de la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual La Rioja ya había rechazado el acuerdo firmado en marzo de 1968 por los interventores militares Guillermo Iribarren y Edgardo Gómez.

Además, el texto establece el «rechazo absoluto» a la validez de la Ley Nacional de facto N° 18.004, norma que dio sustento legal a aquel entendimiento limítrofe.

Desde la administración de Quintela sostienen que la legislación dictada durante la dictadura militar presenta una «insanable nulidad de origen», al considerar que la definición de límites interprovinciales es una facultad exclusiva del Congreso Nacional y no puede ser resuelta mediante acuerdos administrativos o disposiciones unilaterales.

El oficialismo riojano argumenta que aquella delimitación significó una pérdida territorial para la provincia y que el reclamo debe ser revisado dentro de los mecanismos previstos por la Constitución Nacional.

Medidas cautelares para proteger recursos

Más allá de la discusión histórica, el proyecto incorpora herramientas concretas para actuar en el plano judicial.

La norma instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar de manera inmediata las acciones legales necesarias y solicitar ante los tribunales competentes medidas cautelares de no innovar o de tutela anticipada.

El objetivo es preservar de forma preventiva los recursos naturales ubicados en las áreas reclamadas, incluyendo bienes hídricos, arqueológicos y mineros, considerados por el gobierno riojano como parte de su patrimonio provincial.

En la práctica, la estrategia apunta a impedir cualquier acto de explotación, concesión o avance administrativo que pudiera consolidar derechos sobre esos territorios mientras persista la controversia limítrofe.

La iniciativa también contempla la posibilidad de accionar contra terceros concesionarios privados que desarrollen actividades en las zonas en disputa.

Una comisión permanente para seguir el conflicto

El proyecto crea además una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que funcionará bajo la órbita de la Función Legislativa y tendrá carácter permanente.

El organismo estará integrado por siete diputados provinciales, respetando la representación política de la Cámara, y contará con el asesoramiento de especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.

Entre sus funciones figuran la recopilación de antecedentes documentales, el análisis técnico de los reclamos y la coordinación de acciones con los representantes riojanos en el Congreso Nacional.

La disputa llega al Congreso

Uno de los objetivos centrales del gobierno de Quintela es trasladar la discusión al ámbito parlamentario nacional.

La estrategia oficial busca que los legisladores nacionales de La Rioja impulsen una ley específica que determine los límites definitivos entre ambas provincias mediante el procedimiento constitucional correspondiente.

La decisión refleja la creciente importancia económica que adquirió la cordillera en los últimos años, impulsada por el desarrollo de proyectos mineros vinculados al cobre, oro y otros minerales estratégicos.

Con mayoría propia en la Legislatura provincial, el oficialismo riojano cuenta con altas probabilidades de avanzar rápidamente con la aprobación de la norma. De concretarse, la disputa histórica con San Juan ingresará en una nueva etapa, marcada por una mayor judicialización y por un fuerte componente político e institucional en torno al control de recursos considerados clave para el desarrollo futuro de ambas provincias.