Quintela endurece el reclamo limítrofe y suma a Ischigualasto a la disputa con San Juan

El gobernador riojano cuestionó acuerdos territoriales firmados en dictadura y pidió su revisión en el Senado. También se profundiza el conflicto por el proyecto Josemaría tras un reciente fallo judicial.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, elevó este martes el tono del conflicto limítrofe con San Juan al poner en duda la validez de los acuerdos territoriales suscriptos en 1968, durante la última dictadura militar. En una exposición realizada en Buenos Aires y con repercusión a nivel nacional, el mandatario amplió el reclamo vinculado al proyecto minero Josemaría e incorporó la discusión sobre la soberanía en la zona de Ischigualasto.

De acuerdo a lo informado por el medio La Página de Eduardo German, Quintela sostuvo que los convenios interprovinciales firmados en contextos no democráticos deben ser revisados, al considerar que no cuentan con legitimidad institucional. En esa línea, afirmó que la definición de los límites y la jurisdicción en las áreas en conflicto —entre ellas el yacimiento Josemaría— debería ser analizada por el Senado de la Nación. La inclusión de Ischigualasto añade además un componente simbólico y patrimonial a la controversia, dada su relevancia histórica y turística.

Este nuevo planteo se suma a la tensión existente entre ambas provincias tras un reciente fallo judicial. La resolución fue emitida por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado de La Rioja. La medida ordena la suspensión por 30 días de actividades relacionadas con el proyecto y prohíbe la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una vía clave para el traslado de trabajadores y proveedores.

Desde el gobierno de La Rioja indicaron que la decisión judicial responde a un posible riesgo ambiental. Según explicaron, el planteo se sustenta en la falta de respuestas por parte de la empresa ante requerimientos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental y al uso de infraestructura vial.

La magistrada entendió que existía una situación de urgencia que justificaba avanzar sin escuchar previamente a la firma, con el objetivo de evitar eventuales daños.