Presunta megaestafa de Global Market: denuncian inacción y hoy se declara incompetente la justicia local

A horas de una audiencia clave, abogados de los damnificados cuestionan la falta de medidas judiciales y rechazan el posible pase de la causa al fuero federal. Hoy a las 16hs será la audiencia donde el Fiscal se declará incompetente.

La causa que investiga la presunta estafa vinculada a las firmas Global Market Valores y GMI Inversiones suma nuevos capítulos y eleva la preocupación entre los inversores afectados. Mientras la fiscalía evalúa declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia Federal, los abogados de los damnificados expresaron fuertes críticas por la falta de avances concretos en la investigación.

La audiencia prevista para este jueves estará marcada por el enfrentamiento entre las partes. El fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, integrantes de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, sostendrán el pedido para que la causa deje la órbita provincial. Sin embargo, los representantes legales de al menos una veintena de denunciantes ya anticiparon que se opondrán a esa decisión.

Las denuncias alcanzan a Gustavo Omar Ahumada, su socio Miguel Ángel Cañada y a dos colaboradores o exempleados de las firmas, Pamela Gutiérrez y Guillermo Soria. Además, desde la querella solicitaron que también sean convocados los hijos de Ahumada, quienes se desempeñaban como operadores financieros. En los expedientes judiciales aparece además mencionada la firma EPYCHOST S.A.S., ligada a la familia Ahumada y con actividad en Mendoza.

Uno de los principales cuestionamientos de los abogados apunta a la falta de medidas preventivas durante el primer mes de investigación. Según remarcaron, no hubo allanamientos en las oficinas de las financieras, tampoco secuestro de computadoras o documentación, ni pedidos de embargo sobre bienes de los involucrados.

“Pasó un mes y no se hizo absolutamente nada”, reclamó la abogada Vanesa Laciar. Otro letrado sostuvo que el caso no debería pasar al ámbito federal porque “no hay elementos vinculados al lavado de activos”, sino una presunta maniobra de estafa común. Además, advirtió que incluso en la Justicia Federal existirían objeciones para aceptar la competencia, lo que podría generar nuevas demoras.

En paralelo, continúan apareciendo nuevos damnificados. Entre los últimos casos se encuentra el de una empresa comercial que denunció pérdidas por 150 millones de pesos. Los abogados aseguran que hay particulares afectados con montos que van desde los 70 hasta los 150 millones, además de compañías de gran tamaño.

Las estimaciones sobre el alcance económico del presunto fraude no dejan de crecer. Algunos representantes legales calculan que el perjuicio total ya supera los 3.000 millones de pesos, mientras que el abogado Marcelo Arancibia afirmó que la cifra podría duplicarse y alcanzar incluso los 6 millones de dólares.

Los denunciantes aseguran que entregaron fondos para inversiones que les fueron presentadas como seguras y respaldadas por la trayectoria de las empresas en el mercado financiero. No obstante, sostienen que ese dinero habría sido utilizado en operaciones de mayor riesgo, fondos mutuos, cauciones, proyectos mineros, compra de cheques y préstamos no autorizados por los clientes.

Muchos inversores relataron además que durante semanas no lograron comunicarse con los responsables de las firmas y que, posteriormente, descubrieron que no podían recuperar sus ahorros.

La primera denuncia fue radicada el pasado 30 de marzo. Desde entonces trascendieron casos de fuerte impacto económico, como el de una empresa constructora que habría perdido cerca de 2.200 millones de pesos y el de una jubilada que denunció la desaparición de 100 millones de sus ahorros.

En medio del escándalo, la empresa emitió un comunicado en el que atribuyó la crisis financiera a problemas derivados de la paralización de actividades de una mina vinculada a la firma desde diciembre de 2024. También informó que trabaja en un plan de reestructuración económica, mencionó negociaciones con un posible “inversor estratégico” y anunció el cierre temporal de su oficina ubicada sobre calle Mendoza, casi Libertador, para continuar operando bajo la modalidad de home office. Mientras tanto, los inversores siguen sin obtener respuestas sobre el destino de su dinero.