Presentaron una denuncia penal por presuntas maniobras de corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum

El dirigente y abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para que se investigue un presunto entramado de corrupción vinculado a la construcción del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes proyectadas en San Juan. Según afirmó, la presentación se realizó “el último día posible” antes de que venciera el plazo que fija el artículo 268 bis del Código Penal para iniciar investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios.

El crédito de Kuwait y una obra estratégica envuelta en sospechas

Arancibia contextualizó la denuncia en el origen del proyecto, financiado mediante un crédito de 100 millones de dólares otorgado por el Estado de Kuwait como reconocimiento a los países aliados tras la Primera Guerra del Golfo. Los fondos estaban destinados a una obra estratégica para ampliar el abastecimiento de agua potable y saneamiento a más de un millón de habitantes.

Según relató, la obra se licitó y se adquirió un primer lote de caños a una empresa de Buenos Aires. Sin embargo, posteriormente se compró un segundo lote debido a que los primeros “no servían”. Aun así, el denunciante sostiene que existen dudas sobre ambos juegos de cañerías y que “aparentemente el sistema tampoco serviría”. La polémica tomó relevancia luego de una sentencia judicial en un litigio entre privados, donde se menciona la operatoria y se estima un perjuicio millonario para la provincia.

“La obra no está, pero los pagos sí”

El abogado aseguró que la provincia estaría devolviendo el crédito sin que la obra haya sido terminada. Citó declaraciones del actual ministro de Economía y calculó que la situación podría representar un daño patrimonial de entre “50 y 100 millones de dólares”.

Arancibia advirtió que un perjuicio de esa magnitud impacta directamente en los servicios esenciales: “Menos sueldo para el empleo público, menos insumos para los hospitales, peor calidad educativa y menos seguridad”.

Funcionarios bajo la lupa y críticas a la Justicia

La denuncia apunta a que se investigue a todos los funcionarios involucrados en las gestiones 2015-2019 y 2019-2023, aunque sin nombrarlos. Arancibia cuestionó además el accionar histórico del Poder Judicial local: “Por más de 30 años nunca ha investigado hechos de corrupción; no está dentro de la política criminal investigar a los gobiernos”.

También sumó antecedentes legislativos, recordando que tras conocerse la sentencia sobre los caños, bloques oficialistas y opositores impulsaron pedidos de informe. Sin embargo, criticó que esos requerimientos no tienen fecha límite para ser respondidos: “El informe puede llegar mañana o nunca”.

Posible asociación ilícita y delitos a investigar

En su presentación, el abogado pidió que se investigue la eventual existencia de una asociación ilícita administrativa. Afirmó que un perjuicio semejante “no puede ser obra de una sola persona”, sino de una estructura coordinada.

Entre los delitos señalados aparecen:

• malversación de fondos públicos,
• negociaciones incompatibles,
• abuso de autoridad,
• violación de deberes de funcionario público,
• defraudación al Estado,
• cohecho,
• asociación ilícita.

Para Arancibia, ya existen elementos clave para avanzar: “Los caños que se compraron, si servían o no servían, y los que luego se compraron para reponer. Ahí están los elementos para saberlo”.

Lo que viene: investigación en manos de Delitos Especiales

La denuncia quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, área encargada de los delitos contra la administración pública. Allí se solicitó la recolección de documentación, pericias técnicas y contables, y la declaración de funcionarios, técnicos y empresarios vinculados al proyecto. Además, pidió la participación de la Fiscalía de Estado, encargada de defender el patrimonio provincial.

Arancibia sostuvo que la denuncia busca frenar la prescripción de posibles delitos cometidos por exfuncionarios que dejaron sus cargos el 10 de diciembre de 2023. Y señaló que este caso será un test para el nuevo fiscal de Delitos Especiales, Baigorri, quien deberá definir la política criminal en materia de corrupción.

Finalmente, afirmó que la investigación permitirá determinar si existió una maniobra que, según expresó, tiene “todos los ribetes de un escándalo”, y que pondrá a prueba el compromiso institucional con la transparencia en San Juan.