Por presunta vinculación con Branka Motors, allanaron otra concesionaria y secuestraron motos

La investigación por una presunta estafa vinculada a la comercialización de motocicletas sumó este martes un nuevo episodio judicial. En el marco de la causa que ya acumula decenas de denuncias, la Justicia realizó un allanamiento en otro local dedicado al rubro y secuestró dos rodados, además de documentación considerada relevante para el expediente.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el procedimiento está relacionado con la pesquisa que tiene bajo la lupa a la firma Branka Motors. En esta oportunidad, el operativo se llevó a cabo en un comercio llamado Emmebe, ubicado sobre calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. Tras la intervención, el establecimiento quedó clausurado y sin atención al público.

El operativo fue encabezado por el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos. Si bien no se difundieron mayores precisiones oficiales, voceros vinculados a la causa confirmaron que existiría una conexión entre la empresa previamente denunciada y la firma allanada durante la mañana. Además de los vehículos, los investigadores incautaron papeles que podrían resultar claves para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Se trata del segundo procedimiento de este tipo en el marco de la misma investigación. El primero había tenido lugar en el salón comercial de Branka Motors, situado en la intersección de Avenida Rioja y 25 de Mayo. En esa ocasión, los pesquisas se llevaron teléfonos celulares y diversa documentación. La causa se maneja con estricta reserva.

En paralelo, el número de presentaciones judiciales continúa en aumento. Mientras en Tribunales se estima que podrían superarse las 170 denuncias, desde la Dirección de Defensa al Consumidor informaron que ya registran 163 reclamos formales, cifra que sigue creciendo. Ante este escenario, el organismo convocó a una audiencia de conciliación para este viernes a las 10 en el Centro Cívico. Hasta el momento, no se confirmó si los denunciados asistirán ni quién representará a las firmas involucradas.

Autoridades provinciales señalaron que se trata de la acción colectiva más numerosa que haya tramitado esa dependencia, lo que da cuenta de la magnitud del caso y de la posible cantidad de personas afectadas en San Juan.

Según indicaron desde el área que dirige Fabiana Carrizo, se detectaron dos principales tipos de irregularidades. Por un lado, clientes que abonaron sumas desde 1.200.000 pesos —en algunos casos en efectivo— sin haber recibido las motocicletas. Por otro, cerca del 10% de los reclamos corresponden a entregas de vehículos sin la documentación obligatoria, situación que impide o retrasa el patentamiento por parte de los compradores.