Para frenar las amenazas de bomba en San Juan, habrá campaña de concientización y los responsables pagarán el costo de los operativos

El Secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó en la mañana de hoy que el número de amenazas superan ampliamente a las que había el año pasado a esta altura, lo cual genera preocupación y se busca la manera de frenar la ola de amenazas.

El funcionario contó que estos incidentes generan costos operativos que superan los 3 millones de pesos por cada despliegue y que los menores de edad están en el ojo de la tormenta. En respuesta, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Seguridad, impulsa un plan integral para recuperar los gastos y lanzar una campaña de concientización en escuelas primarias, mientras se debate la posible modificación de la ley penal juvenil.

Conscientes de que «no nos debemos quedar únicamente con el tema sancionatorio, la Policía de San Juan y el Ministerio de Educación comenzarán una campaña de concientización dirigida a los jóvenes. El objetivo es que los estudiantes tomen conciencia de lo que implica una amenaza de bomba y lograr que esto se disminuya, explicó Delgado.

Las reuniones para coordinar esta iniciativa ya comenzaron esta semana, y se espera tener un cronograma definido «la semana que viene». La campaña se iniciará en las escuelas primarias, comenzando por aquellos colegios donde ya se produjeron amenazas. El objetivo final es «llegar a todas las escuelas primarias de la provincia».

El personal policial será el encargado de impartir estas charlas, explicando «el rol fundamental» de la policía en la sociedad y la importancia de cada área que trabaja en el protocolo. La idea es que los chicos entiendan «lo significativo que es poner o más que significativo, lo riesgoso que es poner al trabajo policial y el gasto que le significa a la provincia». Esta campaña busca «sensibilizar a los chicos» para «evitar ese tipo de bromas que le sale muy caro al estado». La información sobre el inicio del programa se pondrá «a disposición de los medios» una vez que se defina la fecha.

A su vez, la preocupación crece en San Juan ante la escalada de amenazas de bomba que, en este último tiempo, afectó a diversas instituciones. Según el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, se registró un aumento significativo en la frecuencia de estos llamados. «Estamos en un número superior al año pasado,» afirmó, precisando que se contabilizaron «cinco en este mes pasado».

La problemática se hizo especialmente visible en las instituciones educativas. El miércoles 11 de junio, la Escuela Secundaria Ingeniero Ernesto Mosconi, en Rivadavia, fue el tercer establecimiento educativo afectado por una amenaza de bomba en tan solo una semana, y la sexta alerta general en ocho días en San Juan. Previamente, el miércoles 4 de junio, la Escuela Antonio de la Torre fue blanco de un incidente que generó un operativo simultáneo en tres escuelas similares, y el 9 de junio, la Escuela Belín Sarmiento también recibió una amenaza.

Además de las escuelas, otros edificios públicos de gran concurrencia han sido blanco de estas alarmas. El Hospital Doctor Guillermo Rawson y el Centro Cívico también fueron objeto de amenazas. El incidente en el hospital, en particular, «generó toda una logística de movilización muy importante», dada la complejidad de evacuar a pacientes, incluidos aquellos en «una situación crítica».

Cada vez que se activa el protocolo de seguridad por una amenaza de bomba, la provincia incurre en un gasto considerable. Enrique Delgado detalló que el costo de movilizar al personal de bomberos y policial, junto con el equipamiento y la tecnología necesaria, «supera los los 3 millones de pesos». Este monto, que el gobierno planea «reajustar y determinar con precisión», es lo que se busca recuperar de los responsables.

La Secretaría de Seguridad está trabajando en definir el «procedimiento más rápido y eficaz para proceder a su recuperación», sea por «vía administrativa o la vía judicial». La intención es clara: que el Estado «solicite la sanción pecuniaria que va a ser equivalente al gasto que implica poner en práctica el protocolo». Esto significa que los responsables deberán pagar «todo lo que significó ese gasto de movilizar a la policía y el personal especializado hasta el lugar y todo lo que fue la evacuación y la pérdida de ese tiempo».

Un aspecto preocupante es la creciente participación de menores de edad en estos hechos. «Son más los menores que participan en este amenaza de bomba que no son tales», señaló Delgado. Ante esta situación, se está evaluando que, si el autor del llamado es menor de edad, el costo del operativo lo asuman «los padres».

Más allá del cobro, las autoridades buscan avanzar en la legislación. El secretario Delgado destacó la necesidad de «avanzar sobre lo que es la ley penal juvenil» y «apoyar a través de nuestros legisladores nacionales en la modificación» de dicha ley. Actualmente, hay un proyecto en discusión que busca «bajarle de imputabilidad a 14 años», lo que permitiría que menores de esa edad pudieran ser «condenado por este tipo de episodios».