Ordenan peritar la fortuna de Cristina Kirchner en una causa por posible enriquecimiento ilícito

La fortuna de Cristina Kirchner será peritada por orden de la justicia federal. Afronta, en el presente, un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad (un perjuicio que se afronta de forma solidaria con todos los acusados en el caso), mientras que su última declaración jurada expone un patrimonio de 250 millones de pesos. En el marco de una causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña, se impulsó una pericia contable que se concentra en ocho puntos para determinar si hubo inconsistencia en las declaraciones juradas del período 2009 a 2015.

Al menos tres jueces, en diversas ocasiones, consideraron que no había elementos para que Cristina Kirchner sea imputada por el delito de enriquecimiento ilícito. Las dos últimas causas tramitaron en los juzgados federales a cargo de María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini.

En junio de 2024, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini archivó una causa que se concentraba en el período 2009-2015, que incluye las presidencias de Cristina Kirchner.

Al impulsar la acción penal -al inicio del caso-, el Ministerio Público Fiscal realizó medidas de prueba tendientes a clarificar la evolución patrimonial de Cristina entre los años 2003 y 2015, como así también las supuestas inconsistencias y omisiones en la forma que su patrimonio fue exteriorizado en sus declaraciones juradas.

Según la fiscalía estas últimas se relacionaron con las firmas Los Sauces y Hotesur, a los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner, a la firma Austral Construcciones y a la exteriorización de los depósitos a plazo fijo de la ex mandataria.

Cuando se abrió el expediente, se analizaron varios aspectos: las diferencias entre el valor de las acciones de Los Sauces consignadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus respectivas exteriorizaciones; la confusión entre el patrimonio personal de Néstor y Cristina con el de la firma Los Sauces en virtud de las acreencias que los ex mandatarios declararon en el año 2010 con dicha sociedad.

Como tercer punto, se pidió que se haga un análisis ante la posible confusión entre el patrimonio de Cristina y la firma Hotesur en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en las que declaró deudas con la empresa de la que era accionista.

Al respecto se había denunciado una “errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner”.

El fiscal Pollicita después de varias medidas de prueba, concluyó que existían distintos elementos que permitían solicitar el archivo de la causa. Por un lado, sostuvo que de las constancias surgía que el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante el período 2003 a 2008 ya había sido objeto de investigación y que distintos tribunales del fuero habían dispuesto sus sobreseimientos.

Por ese planteo el caso se archivó, pero la Cámara Federal porteña, a finales del año pasado, hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, y ordenó reabrir el caso “respecto a los sucesos acontecidos en el período comprendido entre los años 2009 y 2015”.