• 09/02/2026
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Obras Públicas: incautan expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones directas

Obras Públicas: incautan expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones directas

Son expedientes de la gestión  2019–2023 , que incluyen planillas de Cómputo y Presupuesto para determinar si hubo estafa.

La Justicia avanza para determinar si hubo irregularidades en obras efectuadas por contratación directa durante la gestión de gobierno  2019–2023, se procedió al secuestro de expedientes. La orden fue emitida por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, ex Tercer Juzgado de Instrucción y habilita a la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan a ingresar a distintas oficinas del área de Obras Públicas. Especialmente en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y en otras dependencias donde se conserven expedientes originales.

El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, dio este lunes detalles sobre el panorama que motivó esta medida judicial, explicando que el trasfondo es un conflicto interno de una empresa proveedora que prestó servicios en años anteriores al Estado.

Álvarez remarcó que la repartición estatal no es el blanco de la denuncia, sino que actúa como depositaria de la documentación requerida para esclarecer un presunto delito de falsificación de firmas entre particulares. El funcionario destacó que la actual gestión ha brindado total colaboración, poniendo a disposición los archivos solicitados para garantizar la transparencia del proceso.

Se incautaron expedientes de contrataciones directas, que incluyen planillas de Cómputo y Presupuesto con firmas atribuidas a Roberto Enrique Aguirre, quien figura como Maestro Mayor de Obras. Esa documentación permitirá a los investigadores avanzar en el análisis de responsabilidades administrativas y penales.

La causa se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y las medidas ordenadas buscan preservar material sensible que podría resultar determinante para confirmar o descartar la existencia de irregularidades en el uso de recursos públicos y en los procedimientos de contratación del Estado provincial.

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