Ley de Tierras: al Gobierno le faltan votos en el Senado

El Gobierno intentará aprobar este jueves 6 de agosto la reforma que elimina los límites nacionales a la compra de campos por extranjeros. La resistencia de la UCR, senadores provinciales y aliados patagónicos mantiene el resultado abierto y amenaza con una nueva postergación.

El Gobierno llegará al Senado el próximno jueves 6 de agosto sin tener garantizados los votos para aprobar la reforma de la Ley de Tierras, el capítulo más controvertido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Javier Milei.

La iniciativa busca eliminar las restricciones nacionales vigentes para que personas y empresas privadas extranjeras puedan comprar tierras rurales. Sin embargo, la creciente oposición dentro de la UCR y las dudas de legisladores provinciales pusieron en riesgo la mayoría oficialista y abrieron la posibilidad de que el debate vuelva a postergarse.

La sesión será la continuación del cuarto intermedio dispuesto el 16 de julio, cuando el oficialismo decidió suspender la discusión ante la falta de respaldos suficientes. Fue la tercera demora desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión.

La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 21 senadores, pero necesita reunir al menos 37 votos para aprobar el proyecto si están presentes los 72 integrantes de la Cámara. La conducción libertaria depende, por lo tanto, del PRO, sectores de la UCR y representantes de fuerzas provinciales.

El principal problema apareció dentro del radicalismo. El Comité Nacional de la UCR pidió formalmente a sus senadores que voten en contra porque considera que la eliminación de los límites podría comprometer la soberanía, las fronteras y los recursos estratégicos.

Hasta ahora confirmaron su rechazo los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, mientras otros siete integrantes del bloque mantienen su posición en duda. Ese escenario aleja al oficialismo del número necesario para sancionar la iniciativa.

También existen reparos entre los representantes de provincias fronterizas, cordilleranas o con grandes reservas de agua. Las dudas alcanzan a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y a las senadoras de Chubut Edith Terenzi y Andrea Cristina, vinculadas políticamente con el gobernador Ignacio Torres.

Según fuentes parlamentarias citadas por medios nacionales, al menos tres senadores radicales que dieron quórum el 16 de julio habían advertido previamente que no acompañarían el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

Qué cambia el proyecto

La actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.

Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo y un mismo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, aunque existen equivalencias según la región productiva.

El último borrador negociado por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, elimina esos topes para las personas y empresas privadas extranjeras.

En el caso de compañías controladas o participadas por otros Estados, la operación requeriría una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente. Los gobiernos provinciales tendrían mayor margen para determinar qué inversiones pueden avanzar dentro de sus territorios.

La reforma forma parte de un proyecto más amplio que también modifica el régimen de expropiaciones, amplía las indemnizaciones que debe pagar el Estado y acelera determinados procedimientos de desalojo.

Además, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen mantuvo la prohibición de modificar durante 60 años el uso de bosques nativos incendiados, pero flexibilizó restricciones aplicables a algunas tierras rurales productivas afectadas por incendios.

El texto original también pretendía modificar el régimen de barrios populares y habilitar desalojos, pero ese capítulo fue eliminado durante el tratamiento en comisiones ante la resistencia de legisladores, organizaciones sociales y sectores de la Iglesia.

Qué hay detrás de la reforma

El argumento económico del Gobierno es que la legislación actual desalienta inversiones en agricultura, forestación, infraestructura portuaria y economías regionales.

Sturzenegger estimó que la flexibilización podría habilitar inversiones por unos US$15.000 millones. El funcionario comparó el proyecto con la reforma de la Ley de Glaciares y sostuvo que ambas normas buscan ampliar la superficie disponible para actividades productivas.

El oficialismo también pretende trasladar parte de la regulación a las provincias. Esa estrategia fortalece la capacidad de negociación de los gobernadores, que podrían autorizar inversiones según las necesidades económicas y productivas de cada distrito.

La oposición advierte, en cambio, que la reforma no sólo afecta al mercado inmobiliario rural. También alcanza territorios con reservas de agua, minerales críticos, bosques, puertos, pasos fronterizos y posiciones estratégicas.

Actualmente, alrededor del 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. En algunos departamentos y regiones específicas, sin embargo, la proporción supera ampliamente el límite nacional del 15%.

Los ciudadanos y empresas de Estados Unidos encabezan la tenencia extranjera, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por propietarios de Italia y España. Esas tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de la superficie rural extranjerizada.

El debate también expone una disputa política dentro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su rechazo a eliminar las restricciones, mientras Bullrich conduce las negociaciones para reunir los votos y convertir el proyecto en una victoria legislativa del Gobierno.

La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo de 2026 y obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo, aunque acumuló disidencias y dictámenes de minoría.

La votación del jueves dependerá de las negociaciones de último momento con la UCR y los bloques provinciales. Si el oficialismo no consigue recomponer los apoyos, deberá retirar el capítulo de tierras, aceptar nuevas modificaciones o enfrentar una derrota que dejaría nuevamente vigente el límite nacional a la propiedad extranjera.