La presunta estafa de Global Market ya acumula 23 denuncias y podría pasar a la Justicia Federal

La Justicia convocó a una audiencia clave para este jueves mientras avanza la investigación por el supuesto desvío de fondos que alcanzaría los $2.800 millones. Empresarios, jubilados y particulares aseguran haber perdido sus ahorros.

La investigación por la presunta megaestafa vinculada a las firmas Global Market Valores y GMI Inversiones suma nuevos capítulos y mantiene en alerta tanto a inversores como al ámbito judicial. Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas recibió 23 denuncias contra las financieras y este jueves podría registrarse un avance importante en la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, la primera presentación fue realizada el 30 de marzo por la empresa constructora Armegom S.A. Desde entonces, se acumularon múltiples denuncias contra el titular de ambas firmas, Carlos Omar Ahumada, y también contra Pamela Domínguez y Guillermo Soria, señalados como presuntos colaboradores. En los expedientes además aparece mencionada la firma EPYCHOST.

Los denunciantes sostienen que entregaron dinero para inversiones que eran presentadas como seguras y respaldadas por la trayectoria de las compañías en el mercado financiero. Sin embargo, aseguran que esos fondos habrían sido redireccionados hacia operaciones de mayor riesgo, incluso relacionadas con proyectos mineros, sin autorización de los clientes.

La fiscalía solicitó una audiencia para este jueves y convocó a las partes involucradas, por lo que se espera la presencia de los tres señalados en Tribunales. Por el momento, existe hermetismo sobre el objetivo concreto de la audiencia. Una de las posibilidades es que el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli impulsen formalmente la apertura de la causa penal y profundicen la investigación.

Otra alternativa que se analiza es que la Justicia provincial se declare incompetente por tratarse de operaciones financieras vinculadas al ámbito de la Comisión Nacional de Valores y remita el expediente a la Justicia Federal.

Entre los casos más resonantes figura el de una empresa constructora que denunció la desaparición de aproximadamente $2.200 millones. También trascendió el testimonio de una jubilada que afirmó haber invertido $100 millones provenientes de una indemnización judicial y que actualmente no puede recuperar esos fondos. A esos casos se suman otros reclamos millonarios de familias y particulares, incluido un trabajador que denunció la pérdida de $10 millones.

Según estimaciones cercanas a la investigación, el perjuicio económico total rondaría los $2.800 millones.

En medio de la polémica, la empresa difundió un comunicado dirigido a los inversores en el que reconoció dificultades financieras para afrontar pagos. En el texto, Ahumada atribuyó parte de la crisis a la paralización de una mina vinculada a la firma desde diciembre de 2024 y aseguró que se trabaja en un plan de reestructuración económica.

Además, informó que buscan incorporar un “inversor estratégico” para sanear la situación y prometió cancelar las deudas en condiciones que resulten convenientes para todas las partes. También confirmó el cierre temporal de la oficina ubicada sobre calle Mendoza y el pase del personal a modalidad de trabajo remoto.