La Defensoría del Pueblo pidió que se suspenda el uso de los cañones rompetormentas

Buscan asegurar la protección ambiental ante posibles daños ecológicos derivados del uso de sistemas antigranizo en la región.

La polémica en torno al uso de sistemas antigranizo mediante el uso de los llamados cañones rompetormentas involucra ahora a la Defensoría del Pueblo de San Juan. Es porque el organismo, , liderado por Florencia Peñaloza, dispuso tomar medidas preventivas para abordar la cuestión, que preocupa a productores y ganaderos, por ejemplo. A través de una resolución solicita a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sustentable la suspensión del uso de estos sistemas en la jurisdicción de San Juan.

La medida preventiva también insta a las autoridades a llevar a cabo una verificación exhaustiva de todos los cañones antigranizo y rompetormentas instalados en el territorio local. Además, se solicita la presentación de un informe detallado sobre el impacto ambiental asociado al uso de estos sistemas, con el objetivo de prevenir posibles daños ecológicos y ambientales que podrían afectar a todos los habitantes de la provincia.

La controversia generada en la sociedad sanjuanina ha llevado a la Defensoría del Pueblo a intervenir, buscando respuestas por parte de las autoridades y garantizando la consideración de posibles impactos ambientales relacionados con estas actividades. La medida preventiva refleja la preocupación por la diversidad de opiniones en torno a los sistemas antigranizo y rompetormentas y busca una evaluación completa de su impacto en el entorno natural y la calidad de vida de los habitantes de San Juan.

Aunque es un tema que ya venía generando polémica desde años anteriores ahora, cuando la crisis hídrica está afectando la producción local, ha vuelto el debate en la búsqueda de una resolución equitativa y cuidadosa de posibles consecuencias ambientales.