La defensa del intendente de Angaco denuncia persecución política y cuestiona accionar fiscal en el caso que lo investiga

El Dr. Marcelo Fernández aseguró que la causa contra José Castro no es compleja y criticó los siete años de investigación sin resolución. Además, defendió la propuesta de reparación económica presentada para evitar el juicio.

El doctor Marcelo Fernández, representante legal del intendente de Angaco, José Castro, sostuvo que la causa judicial en la que se lo acusa de presunta utilización de bienes municipales en beneficio propio podría enmarcarse en una “persecución política” y en la eventual construcción de pruebas en su contra.

Según explicó el letrado, el proceso se inició en 2019 y acumula siete años con escasos avances, situación que, a su entender, refuerza la hipótesis de un tratamiento irregular del expediente. Actualmente, el debate oral se encuentra suspendido a la espera del tratamiento de una propuesta presentada por Castro, que contempla un resarcimiento económico como alternativa para cerrar el conflicto judicial.

En las últimas horas, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi denunció al jefe comunal y a los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial se originó tras la aprobación, por parte del Concejo Deliberante, de un acuerdo impulsado por el intendente para evitar el juicio en el que está imputado por presunta malversación de fondos públicos y otros delitos.

La iniciativa contempla la entrega de cinco millones de pesos destinados a Cáritas Argentina en el departamento. Sin embargo, la representante del Ministerio Público consideró que el mecanismo propuesto sería ilegal, al sostener que tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal se habrían arrogado facultades que corresponden exclusivamente a fiscales y jueces, configurando, según su postura, un hecho institucional de gravedad.

Frente a esa acusación, Fernández afirmó no haber sido notificado formalmente, pero cuestionó con dureza el rol del Ministerio Público Fiscal. “Si existiera una acusación de ese tipo, también podría interpretarse que durante estos siete años el propio Ministerio Público actuó como encubridor, al no avanzar ni concluir la investigación”, expresó.

El abogado negó de manera categórica que Castro haya utilizado maquinaria municipal en una propiedad particular. Aseguró que el intendente nunca ingresó al terreno en cuestión ni hubo operarios trabajando allí. Según explicó, la maquinaria fue fotografiada frente a un inmueble ubicado en el departamento de Chimbas sin que el propio jefe comunal tuviera conocimiento de su presencia, y la imagen fue difundida públicamente sin que mediara una denuncia formal inmediata.

Respecto de la propuesta económica, Fernández señaló que el objetivo es “alcanzar la paz social” y remarcó que se trata de un ofrecimiento reparatorio pese a que, según su postura, no existiría un perjuicio comprobado. Indicó además que la iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante, denunciante en la causa, para buscar respaldo institucional y avanzar hacia un acuerdo que permita cerrar definitivamente el expediente.