La COVIAR, en busca de sobrevivir al ajuste tras las medidas nacionales

La corporación vitivinícola redefinirá su estructura y financiamiento tras el recorte dispuesto por el Gobierno nacional. El directorio del viernes dejó al sector en estado de alerta y con amenaza de judicialización.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) atraviesa una de las mayores crisis institucionales desde su creación luego de que el Gobierno nacional eliminara los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento y diera por cerrado el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), eje central de la política sectorial durante más de dos décadas.

La decisión oficial, formalizada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, impactó de lleno sobre el esquema financiero de la entidad y abrió un escenario de fuerte incertidumbre para la vitivinicultura argentina.

Frente a ese escenario, el directorio de COVIAR mantuvo el viernes una reunión clave para analizar el futuro institucional de la corporación, definir estrategias legales y estudiar nuevas alternativas de financiamiento ante la pérdida de los fondos compulsivos que sostenían gran parte de su estructura operativa.

Aunque no trascendieron definiciones públicas contundentes tras el encuentro, medios especializados de Mendoza y San Juan coincidieron en que la entidad resolvió avanzar en una etapa de reorganización interna, con fuerte reducción de gastos y búsqueda de aportes voluntarios del sector privado.

La medida nacional eliminó el sistema de contribuciones obligatorias establecido por la Ley 25.849, mecanismo mediante el cual bodegas y establecimientos vitivinícolas financiaban las acciones de promoción, planificación y articulación ejecutadas por COVIAR.

Desde el Gobierno de Javier Milei justificaron la decisión argumentando que el PEVI había agotado su vigencia formal en 2020 y que el Estado no debía sostener esquemas de financiamiento compulsivo para estructuras privadas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegó incluso a calificar el sistema como un “impuesto” que perjudicaba a la industria vitivinícola.

La reacción de la corporación fue inmediata. En un duro comunicado, COVIAR calificó la resolución como “improcedente, inconsulta e inoportuna” y advirtió que la decisión pone en riesgo la institucionalidad del sector y la continuidad de políticas estratégicas para la industria del vino.

El conflicto también dejó expuestas las divisiones internas de la vitivinicultura. Mientras entidades como Bodegas de Argentina y sectores de productores sanjuaninos respaldaron la eliminación de los aportes obligatorios, otras cámaras mantuvieron silencio o expresaron preocupación por el impacto institucional y económico de la medida.

En San Juan, algunas entidades vitivinícolas interpretaron el cambio como una oportunidad para reducir costos en un contexto crítico para bodegas y productores, afectados por caída del consumo, aumento de costos y dificultades exportadoras.

Sin embargo, dentro de COVIAR advierten que la pérdida de financiamiento podría afectar programas de promoción internacional, asistencia técnica y articulación institucional construidos durante más de veinte años.

La corporación dispone ahora de tres meses para presentar balances finales y rendiciones ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), mientras analiza posibles acciones judiciales para intentar frenar o revertir parcialmente la resolución nacional.

El futuro inmediato de la entidad dependerá de su capacidad para reinventarse bajo un esquema de adhesión voluntaria y menor intervención estatal, en medio de una vitivinicultura golpeada por la crisis económica y atravesada por profundas diferencias internas sobre cómo debe organizarse y financiarse el sector en la nueva etapa política y económica del país.