La Corte de Justicia oficializó los polémicos 182 ascensos

La Acordada 63/2026 confirmó las recategorizaciones de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino. Desde el gremio Unión Judicial reclamaron mayor publicidad del procedimiento y cuestionaron la forma en que se comunicaron las promociones.

La Corte de Justicia de San Juan publicó este miércoles el contenido de la Acordada 63/2026, mediante la cual oficializó el ascenso de 182 empleados del Poder Judicial. La medida, que había comenzado a conocerse de manera informal luego de que los beneficiados recibieran la notificación por correo electrónico, contempla promociones en 27 categorías distintas dentro del escalafón judicial.

Con una planta de 2.080 trabajadores, la decisión implica que aproximadamente uno de cada once agentes fue recategorizado, una mejora que también impacta en sus haberes.

La modalidad utilizada para comunicar los ascensos generó cuestionamientos desde la Unión Judicial. Su secretario general, Sebastián López, sostuvo que resoluciones de este tipo deben difundirse públicamente y pidió que el proceso sea más transparente.

En ese sentido, el dirigente explicó que la fecha elegida para concretar las promociones no constituye una irregularidad, ya que la Corte posee la facultad de definir cuándo llevar adelante las recategorizaciones. Recordó, además, que en otros años los ascensos se realizaron en distintos momentos del calendario e incluso en más de una etapa.

Entre los nombres incluidos en la acordada figura Victoria Eugenia De Sanctis Sánchez, quien fue promovida al cargo de prosecretaria auxiliar. Se trata de la hija del ministro de la Corte Guillermo De Sanctis, uno de los integrantes del máximo tribunal que firmó la resolución junto al presidente Daniel Olivares Yapur, los ministros Juan José Victoria, Marcelo Lima y Adriana García Nieto, además del fiscal General Guillermo Baigorrí.

Otro de los ascensos que despertó atención dentro del ámbito judicial fue el de Jorge Albarracín, quien pasó a desempeñarse como secretario Relator de la Fiscalía General, una función considerada de relevancia dentro del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Corte señalaron que las promociones buscan reconocer formalmente a trabajadores que ya venían cumpliendo esas funciones desde hacía tiempo, aunque sin la categoría correspondiente.

El antecedente más reciente de un proceso similar se registró en octubre de 2025, cuando el máximo tribunal dispuso el ascenso de 246 agentes, cifra que entonces representó cerca del 12% del personal del Poder Judicial.