La causa contra Global Market pasará a la Justicia Federal por presunta millonaria estafa

El juez Javier Figuerola resolvió declinar la competencia provincial y enviar el expediente al fuero federal. La investigación apunta a un supuesto desvío de fondos de inversores hacia empresas vinculadas a los propios acusados.

La investigación por la presunta estafa vinculada a la firma Global Market dio un giro clave este martes, luego de que el juez de Garantías, Javier Figuerola, resolviera que el expediente continúe en la Justicia Federal. La decisión alcanza a los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, quienes son investigados por el presunto desvío de unos $4.000 millones pertenecientes a ahorristas.

El magistrado respaldó el planteo realizado días atrás por el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, quien sostuvo que el caso excede la órbita provincial debido a que involucra operaciones financieras reguladas por organismos nacionales. Entre los argumentos expuestos, remarcó que Global Market Valores operaba como agente autorizado ante la Comisión Nacional de Valores y que los fondos administrados estaban alcanzados por normativa federal.

La causa investiga una compleja maniobra financiera mediante la cual el dinero de clientes, en su mayoría con perfiles conservadores y orientados a inversiones de bajo riesgo, habría sido derivado hacia GMI Inversiones SA, una minera vinculada a los propios sospechosos y ajena al control de la CNV. Según la acusación, esa firma no contaba con actividad productiva ni ingresos desde hacía años.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, los imputados habrían utilizado operaciones bursátiles conocidas como “Pases No Garantizados”, a través de las cuales los ahorristas adquirían títulos de escasa liquidez con la promesa de recompra en un plazo breve. Sin embargo, en vez de concretarse esa devolución, las operaciones eran renovadas de manera reiterada.

La investigación también sostiene que los inversores habrían sido inducidos a error mediante comunicaciones que simulaban exigencias de auditorías de la CNV y utilizaban terminología técnica de difícil comprensión. Para el Ministerio Público, esa metodología permitió canalizar fondos hacia empresas controladas por los propios acusados.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió cuando la constructora Armegón solicitó el retiro de aproximadamente $2.000 millones invertidos y no obtuvo respuesta financiera. Según la fiscalía, la empresa quedó únicamente con títulos prácticamente imposibles de comercializar.

En la causa también quedó bajo análisis la participación de Rosario Valores SA, firma que intervino como agente de liquidación y custodia dentro del Mercado Argentino de Valores. Para el fiscal Alvo, la compañía deberá ser investigada por haber permitido el flujo de fondos hacia GMI y no haber advertido operaciones incompatibles con el perfil de riesgo de los clientes.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Rivadero aseguró que se presentarán ante el fuero federal con pruebas para demostrar la inocencia de sus defendidos. Además, adelantó que insistirán en sostener la libertad ambulatoria que actualmente mantienen ambos empresarios.