Quedó suspendido el juicio contra el intendente de Angaco por un planteo económico de su defensa

El proceso contra José Castro quedó en pausa hasta que el tribunal analice una propuesta de reparación por 5 millones de pesos. Es paraevitar el debate oral por presunta malversación.

El debate oral contra el intendente de Angaco, José Castro, fue suspendido de manera provisoria luego de que su defensa presentara ante el tribunal un planteo de reparación integral. La medida posterga, al menos por ahora, el inicio del juicio en el que el jefe comunal está acusado de delitos vinculados al manejo de fondos públicos.

Castro enfrenta cargos por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa se originó a fines de 2019, cuando fue denunciado por supuestamente utilizar maquinaria y personal del municipio para realizar trabajos en un terreno privado de su propiedad ubicado en Chimbas.

Una oferta millonaria para evitar el juicio

Con la fecha del debate próxima, la defensa encabezada por el abogado Marcelo Fernández propuso un acuerdo económico de 5 millones de pesos con el objetivo de cerrar el proceso penal antes de que llegue a juicio.

La propuesta establece que el monto sea destinado a una institución benéfica de Angaco como forma de resarcimiento por el presunto perjuicio ocasionado al Estado. En caso de que el tribunal avale la iniciativa, el juicio oral podría quedar sin efecto.

Respaldo político y críticas por la rapidez

El planteo judicial recibió un respaldo inmediato del Concejo Deliberante local, que aprobó el acuerdo en una sesión con escasa difusión pública. La votación terminó con tres votos afirmativos, uno negativo y una abstención.

La rapidez con la que se trató el expediente y la limitada comunicación oficial despertaron cuestionamientos en el ámbito político del departamento, donde dirigentes opositores señalaron falta de transparencia en el procedimiento.

El antecedente citado por la defensa

Para fundamentar su pedido, los abogados del intendente citaron como antecedente el caso del expresidente Alberto Fernández, quien cerró la causa conocida como Olivosgate —vinculada a la denominada Fiesta de Olivos— mediante un acuerdo económico sin llegar a juicio oral.

Bajo ese argumento, la defensa sostiene que debe aplicarse el mismo criterio jurídico, incluso tratándose de un funcionario en ejercicio, apoyándose en jurisprudencia nacional reciente.

Ahora, la definición queda en manos del tribunal, que deberá resolver si acepta la reparación propuesta o si el intendente finalmente enfrenta el juicio oral.