Juicio abreviado por amenaza de bomba en el Centro Cívico: uno de los acusados aceptará pagar $4 millones

Uno de los casos que semanas atrás generó una masiva evacuación de público, empleados y funcionarios del Centro Cívico, tras una amenaza de bomba que finalmente resultó falsa, llegará mañana a su cierre judicial. Será mediante un juicio abreviado en el que dos imputados afrontarán la definición de su situación, aunque solo uno de ellos reconocerá su responsabilidad.

De acuerdo a fuentes judiciales, el principal sospechoso, Carlos Cabaña, aceptará una condena de dos años de prisión en suspenso y el pago, en cuotas, de 4 millones de pesos en concepto de reparación por el perjuicio ocasionado. La resolución fue consensuada entre el fiscal coordinador Ignacio Achem, su ayudante Belén Sánchez (UFI Genérica) y la defensora oficial María Emilia Nielson, quien asiste a Cabaña.

El otro imputado, Hugo Sebastián Castro, quedará desvinculado de la investigación, señalaron las fuentes. Ambos habían sido detenidos días atrás por orden del juez Diego Manuel Sanz, luego de que Fiscalía lograra comprobar desde qué teléfono se efectuó la amenaza al principal edificio de la administración pública provincial, ocurrida el pasado 16 de septiembre.

El acuerdo también cuenta con el aval de los representantes de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, dado el resarcimiento económico comprometido.

Si se confirma el pacto en la audiencia prevista, ambos jóvenes recuperarán la libertad, aunque Cabaña lo hará con una condena en su haber y la obligación de cumplir con el pago millonario acordado.