Investigan una presunta estafa por USD 240.000 en un emprendimiento inmobiliario de Rawson

Dos arquitectos y un empresario fueron imputados por una causa iniciada tras la denuncia de dos abogados que afirman haber prestado el dinero para financiar un desarrollo habitacional. La Justicia abrió la investigación y ordenó medidas cautelares sobre parte del patrimonio de los acusados.

La Justicia de San Juan abrió una investigación penal contra dos arquitectos y un empresario inmobiliario por una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un préstamo de 240.000 dólares destinado a financiar un desarrollo habitacional en el departamento Rawson. El monto reclamado supera actualmente los 360 millones de pesos.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por dos abogados, quienes sostienen que entregaron esa suma en calidad de préstamo con el objetivo de contribuir a la finalización del emprendimiento. Según su planteo, el dinero nunca fue reintegrado y tampoco pudieron ejecutar las garantías que respaldaban la operación.

Los imputados son los arquitectos Esteban Fernández De Cieza y María José Garcés Correa, junto al empresario Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, atribuyó a Fernández De Cieza y Sánchez Montilla el presunto rol de coautores del delito de estafa, mientras que Garcés Correa fue incorporada a la causa como partícipe secundaria.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el acuerdo financiero fue concretado a fines de 2023 y contemplaba como garantía distintas unidades del complejo habitacional, además de varios vehículos. Sin embargo, cuando los acreedores intentaron hacer efectivos esos respaldos, comprobaron que parte de los inmuebles ya habían sido vendidos y que algunos de los rodados habían sido transferidos antes de la firma del convenio.

Los investigadores consideran que esa situación habría dejado sin respaldo real la operación, ya que los bienes comprometidos no estaban disponibles para responder en caso de incumplimiento. A partir de esos elementos, los denunciantes radicaron la presentación judicial en octubre de 2025 al sospechar que el préstamo habría sido obtenido mediante un ardid y sin intención de devolver los fondos.

Durante este año se intentó alcanzar una solución por la vía extrajudicial. Según trascendió en la causa, el empresario se comprometía a cancelar parte de la deuda mediante cinco pagos de 20.000 dólares cada uno, mientras que el matrimonio de arquitectos asumiría el saldo restante. No obstante, el acuerdo no prosperó debido a que solo se habría abonado una cuota por parte de los arquitectos y el empresario no llegó a concretar el primer pago.

Tras el fracaso de esa negociación, la Fiscalía avanzó con la formalización de la investigación. En la audiencia, la jueza de Garantías Mabel Moya resolvió habilitar la investigación penal preparatoria por un plazo de doce meses y dispuso que los tres imputados continúen el proceso en libertad.

Como parte de las medidas cautelares, la magistrada ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes sobre el patrimonio del matrimonio de arquitectos. En cambio, no adoptó esas restricciones respecto del empresario Sánchez Montilla.

Durante la audiencia, la defensa de este último sostuvo que el empresario no suscribió la documentación correspondiente al préstamo y afirmó que las garantías fueron ofrecidas únicamente por la pareja de arquitectos. Además, se recordó que Sánchez Montilla también figura imputado en otra investigación relacionada con presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios.