Fraude con tarjetas sociales: puntero político, su hermano e hija, condenados a 3 años de cárcel

 Romeo Isidoro Saavedra, su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano Juan José Saavedra, seguirán libres por no tener antecedentes.

Este miércoles 27 de mayo, el Tribunal Oral Federal dictó una condena de tres años de prisión en suspenso contra Romeo Isidoro Saavedra, un puntero político del PJ en Chimbas, junto a su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano Juan José Saavedra. 

 la Fiscalía Federal había solicitado una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, el tribunal resolvió que la condena fuera en suspenso debido a que los imputados no tenían antecedentes penales.

Además de la pena, el magistrado les impuso reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato y realizar trabajo comunitario. En el caso de Juan José Saavedra, también quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

La causa se originó el 20 de diciembre de 2017, cuando Romeo Saavedra fue detenido en un cajero del Banco Hipotecario mientras realizaba extracciones con 51 tarjetas de planes sociales y unos 80 mil pesos en efectivo. La situación llamó la atención de otros clientes, quienes alertaron a la Policía al observar que utilizaba múltiples tarjetas en el mismo cajero automático.

A partir de la investigación, la Justicia determinó que los tres condenados integraban una estructura familiar dedicada a captar beneficiarios de programas sociales y quedarse con parte del dinero otorgado por el Estado nacional.

Según la causa, Sol Araceli Saavedra, quien era estudiante universitaria, se encargaba de contactar jóvenes y ofrecerles la posibilidad de acceder a programas como el Progresar. Luego intervenía Juan José Saavedra, quien trabajaba en la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación y facilitaba los trámites y habilitaciones de las tarjetas.

Finalmente, Romeo Saavedra era quien realizaba las extracciones del dinero. De acuerdo con la investigación judicial, la familia se quedaba con más del 50% de los montos correspondientes a los planes sociales.

Durante el juicio, el fiscal federal Fernando Alcaraz sostuvo la acusación y pidió penas de cumplimiento efectivo para los tres imputados. Sin embargo, la defensa oficial, encabezada por Gema Guillén y Ana Inés López-Lima, solicitó que la condena fuera en suspenso, planteo que finalmente fue aceptado por el tribunal.

Además se solicitó la restitución del dinero presuntamente defraudado al Estado nacional que será discutida en una instancia judicial posterior.