Fin al financiamiento obligatorio: mientras San Juan apoya la medida, hay silencio en COVIAR

La medida cierra el plan estratégico que sostenía a la entidad y elimina los aportes compulsivos del sector. Desde San Juan respaldaron la decisión y relativizaron su impacto en la industria.

El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación de los aportes obligatorios que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en una decisión que marca un giro significativo en la organización del sector. La medida fue formalizada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que también dispuso el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). En ese sentido, autoridades de la COVIAR dijeron a Diario La Ventana que por estas horas definieron mantenerse en silencio, al menos por el momento, y esperar hasta saber la letra chica de la medida, luego habrá un comunicado de prensa manifestando la posición.

Este instrumento había sido, durante años, el principal sostén económico de la corporación, a partir de contribuciones establecidas por ley. Su final implica el desmantelamiento de un esquema histórico de financiamiento y abre una nueva etapa para la actividad vitivinícola en el país. Pese a la relevancia del anuncio, desde COVIAR optaron por no emitir declaraciones públicas en las horas posteriores.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el plan tenía una vigencia definida que finalizaba en 2020 y que su continuidad bajo el proyecto “PEVI 2030” no contaba con la aprobación formal necesaria. Por ese motivo, se resolvió darlo por concluido y establecer un plazo de tres meses para completar su cierre administrativo.

En ese período, la entidad deberá presentar un informe detallado sobre el uso de los recursos, las acciones realizadas y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Además, el Instituto Nacional de Vitivinicultura dejará de recaudar los aportes obligatorios y pasará a gestionar los fondos que aún permanezcan disponibles.

Aunque el Gobierno aclaró que COVIAR continuará existiendo como ente público no estatal, la eliminación de su principal fuente de ingresos representa un cambio profundo en su funcionamiento y en el equilibrio institucional del sector.

SAN JUAN APOYA LA MEDIDA Y PIDIÓ DESDRAMATIZAR

Desde San Juan, las autoridades provinciales relativizaron el impacto de la decisión y transmitieron un mensaje de tranquilidad. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, sostuvo que no se trata de una desaparición de la entidad, sino de una transformación en su esquema de financiamiento. “La COVIAR sigue funcionando, pero ahora con aportes voluntarios”, explicó.

Según detalló el funcionario, la resolución responde a un pedido histórico de distintos actores de la industria vitivinícola, particularmente en la provincia, que reclamaban el fin de las contribuciones obligatorias.

El Gobierno sanjuanino interpreta este cambio como el inicio de una etapa en la que el sector privado tendrá mayor protagonismo. En ese sentido, Fernández subrayó que la continuidad de la corporación dependerá del compromiso de las entidades que la integran. “Si consideran valioso su trabajo, deberán sostenerla con aportes voluntarios”, afirmó.

Pese a la modificación del esquema, desde la provincia aseguraron que mantendrán el vínculo con la entidad y continuarán colaborando en proyectos específicos, como estudios sobre jugos naturales y otras iniciativas orientadas a diversificar la producción.

LA POSTURA QUE TOMA LA ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS INDEPENDIENTES

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan manifiestó en un comunicado oficial que está de acuerdo con la medida tomada por la Secretaría de Agricultura de la Nación de quitarle a COVIAR la facultad del cobro compulsivo de la cuota que fijaba por el kg de uva elaborado, ya sea vino o mosto, y por el vino fraccionado. Lo mismo para la uva pasa y fruta.

La Asociación de Viñateros se opuso en reiteradas ocasiones a la COVIAR porque no garantizaba la rentabilidad del productor primario, dejándolo sujeto al derrame que provocaría la actividad por aplicación del Plan Estratégico 2020, que se basaba en incrementar el consumo en el mercado interno y en aumentar las exportaciones de productos vitivinícolas, evitando la desaparición del productor y favoreciendo la integración del mismo.
Nada de esto se cumplió y, por el contrario, todos los índices fueron negativos.

El resultado del Plan Estratégico fue que desaparecieron en ese período casi la mitad de los viñateros. Igual pasó con las bodegas. Y el objetivo de exportar por 2000 millones de dólares tampoco se cumplió. No se mantuvo ni siquiera lo que ya exportábamos.

En este contexto, los viñateros sí pedimos que el INV recupere facultades que han sido disminuidas, de fiscalización de la genuinidad, calidad y propiedad del vino, así como también que sea un organismo que regule la actividad para lograr una justa distribución del ingreso entre todos los integrantes de la cadena de valor.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con la implantación de nuevos viñedos, la liberación de los nuevos vinos al consumo, el grado alcohólico zonal, entre otras acciones.