Expolicía y director técnico debe pagar $60 millones para evitar la cárcel

Gastón Solera, fue denunciado por quedarse con dinero de la venta de una casa y dos camionetas.

En audiencia el juez de garantías Pablo León, resolvió un acuerdo de reparación integral por ahora el que el exdirector técnico de Club Unión y policía retirado Gastón Solera, evitará la cárcel, reintegrando un total de $60 millones a los damnificados que lo acusaron de estafa. La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco,

Uno de los deunciantes es el expolicía Martín Leites, quien relató que en marzo de 2025 se encontró con Solera y este le comentó que andaba vendiendo una casa en barrio Del Bono, en Capital, que había obtenido en un remate. Según la denuncia, le dijo que valía 200.000 dólares, pero con 85.000 dólares reservaba el inmueble y arreglaban una financiación.

El denunciante contó que fueron a ver la propiedad junto a Solera y llegaron a un acuerdo, a partir del cual le realizó numerosas transferencias por cifras millonarias en pesos y dólares a las cuentas del extécnico y de su madre, además de dinero en efectivo. En total, la suma que le entregó fue de 43.000.000 de pesos. Sin embargo, con el correr de los meses, el entrenador de fútbol no entregó el inmueble y empezó a poner evasivas hasta que dejó de responder el celular.

Otro de los damnificados fue Néstor Vargas, denunció que Solera en 2021, le ofreció la venta de una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok que supuestamente remataban en el Poder Judicial. Solera le dijo que ofrecía las camionetas con el precio base del remate y, en caso de que hubiese otros oferentes o el valor subiera, se comprometía a devolverle el dinero.

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Vargas le entregó 2.000.000 de pesos y después 800.000 pesos, y firmaron un acta para cerrar el negocio. Pero se fue postergando y que cada tanto Vargas recibía comunicaciones de supuestos funcionarios del “Noveno Juzgado Civil” que se presentaban como “doctor Perea”, “doctora Lucero” y un tal “Galdeano”, quienes le aseguraban que el remate estaba pronto a realizarse o que faltaban trámites judiciales para concretar la entrega. En 2024, una de esas personas volvió a contactarse e hizo que transfiriera otros 75.000 pesos a la cuenta de Solera.

Vargas se cansó de esperar hasta que en 2025 empezó a hacer averiguaciones y descubrió que en ese juzgado civil no trabajaba ninguno de los supuestos funcionarios que lo llamaban y tampoco conocían a Solera. Eso mismo lo llevó a denunciarlo.