El Tambolar: la provincia analiza nuevas vías de financiamiento

La construcción del dique El Tambolar se encuentra oficialmente detenida. El contrato entre la provincia y la Unión Transitoria de Empresas (UTE), encargada de la obra, fue rescindido tras un acuerdo mutuo entre las partes. Este desenlace puso fin a meses de incertidumbre, al menos hasta que se realice una nueva licitación.

El vicegobernador Fabián Martín confirmó, tras la votación en la Legislatura que selló el fin del contrato, que la provincia ya está en la búsqueda de alternativas para retomar los trabajos. A pesar de la complejidad del proyecto, Martín enfatizó que el dique El Tambolar es esencial no solo para la reserva de agua en la región, sino también para el desarrollo del turismo a través de la ruta interlagos.

«La provincia necesita este embalse porque va a ser estratégico para reservar agua y porque va a permitir tener la ruta interlagos para el turismo», explicó Martín.

El proyecto, que originalmente fue adjudicado a las empresas Panedile, SACDE, Sinohydro y Petersen Thiele y Cruz en 2019, había avanzado hasta un 41,9% de su ejecución antes de enfrentar problemas financieros y técnicos que llevaron a su paralización parcial desde 2022. En su apogeo, la obra empleó a 1.200 trabajadores, aunque en la actualidad solo 40 personas permanecían contratadas, principalmente para tareas de mantenimiento.

«Volver a emplear mano de obra es una de nuestras prioridades», afirmó Martín tras la sesión legislativa.

La prioridad ahora, según Martín, es reincorporar a la mayor cantidad posible de trabajadores y asegurar la financiación necesaria para completar el dique. Se estima que concluir la obra requerirá una inversión adicional de 300 millones de dólares, frente a los 750 millones originalmente presupuestados. El vicegobernador indicó que la provincia está explorando diversas fuentes de financiamiento, incluyendo la posible intervención de privados y el uso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).Sin embargo, el proceso para retomar la construcción no será inmediato.

«A partir de este convenio de rescisión mutua, el gobierno de San Juan va a arbitrar desde el día de la fecha los caminos para encontrar la financiación», adelantó Martín.

Tras la rescisión del contrato, será necesario lanzar una nueva licitación, lo que según estimaciones de diputados, podría retrasar el reinicio de los trabajos por al menos dos años. Este escenario genera preocupación en la provincia, especialmente entre los sectores laborales, dado que la obra representa una fuente importante de empleo en la región.

«El RIGI puede ser una herramienta para encontrar el dinero que hace falta para continuar», indicó, destacando que este régimen es viable «en virtud de que hay que hacer una inversión superior a los 200 millones de dólares que es lo que se exige como mínimo».

Los motivos que llevaron a la rescisión del contrato son variados, pero todos están vinculados a la falta de financiamiento. La obra quedó desfinanciada cuando Cammesa, la empresa encargada de aportar los fondos a través de un fideicomiso, dejó de hacerlo, sumado a problemas geológicos y un desfasaje económico producto de la inflación. A esto se sumó la crisis económica nacional que se profundizó en agosto de 2023, encareciendo aún más la construcción.

«Dar de baja el contrato era clave porque le evita a la provincia un conflicto que podía llegar a juicio y que era muy complejo de solucionar», señaló.

Pese a la situación compleja, el gobierno provincial se muestra decidido a sacar adelante el proyecto. Según Martín, el rescindir el contrato evitó un conflicto legal que podría haber complicado aún más la situación, y ahora se abren nuevas posibilidades para garantizar la finalización de una obra que es clave para el desarrollo de San Juan.