El Gobierno pidió que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel común

La Subsecretaría de Derechos Humanos presentó un pedido ante la CIDH para que se ponga fin a la prisión domiciliaria de la dirigente social jujeña, condenada a 15 años de prisión por delitos contra la administración pública.

A pocos días de cumplirse diez años de la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la dirigente social deje el régimen de prisión domiciliaria y pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.

La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que argumentó que Sala fue condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos que —según el planteo oficial— ameritan el cumplimiento efectivo de la pena tras las rejas. La sentencia firme establece una condena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Desde el organismo, que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu, sostuvieron que la prisión domiciliaria constituye un beneficio que no corresponde, dada la gravedad de los hechos por los que fue condenada la exlegisladora provincial y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru.

En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala. Según la documentación oficial, la dirigente habría incumplido las condiciones de su arresto domiciliario al cambiar de domicilio sin autorización judicial, situación que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico y derivó en nuevas acciones de control.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, señalaron que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, aunque advirtieron que la medida dispuesta por la CIDH “se transformó en un beneficio que mantiene en su hogar a una persona con condena firme”.

Milagro Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, al completar 10 de los 15 años impuestos por la Justicia de Jujuy y ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta situación la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Actualmente, la dirigente social se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata. En ese contexto, su defensa denunció nuevas irregularidades, al sostener que funcionarios judiciales y médicos se trasladaron desde Jujuy para tomarle declaración y que incluso se intentó realizar una audiencia virtual durante su internación, hecho que calificaron como un procedimiento “excepcionalmente riguroso”.

Según consta en la última resolución judicial, la libertad condicional puede solicitarse desde el 16 de enero de 2026, mientras que la libertad asistida recién podría evaluarse en 2030, y la condena vencerá el 16 de enero de 2031.

Entre las causas que derivaron en su condena figura una por amenazas, vinculada a llamados realizados en 2014 a una comisaría de Alto Comedero, y la causa conocida como “Pibes Villeros”, en la que fue considerada jefa de una asociación ilícita que desvió fondos públicos por unos 60 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que nunca se realizaron.

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