• 31/12/2025
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El Colegio de Psicólogos de San Juan cuestionó la disolución de la Andis y alertó por un retroceso en derechos

El Colegio de Psicólogos de San Juan cuestionó la disolución de la Andis y alertó por un retroceso en derechos

El Colegio de Psicólogos de San Juan expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y manifestó su inquietud por las consecuencias que la medida podría generar en las políticas públicas destinadas al sector y en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas, la institución profesional remarcó su desacuerdo con el anuncio oficial y advirtió que el cierre del organismo implica una vulneración de derechos y un debilitamiento del rol del Estado en el acompañamiento de quienes requieren asistencia específica. En ese sentido, subrayaron que la inclusión, la accesibilidad y la garantía de derechos no deben depender de decisiones administrativas coyunturales, sino asumirse como una responsabilidad permanente.

Desde el Colegio señalaron además que la desaparición de la Andis representa un retroceso en materia de conquistas sociales y llamaron a sostener políticas públicas que aseguren el acceso efectivo a la asistencia estatal y promuevan la plena inclusión de las personas con discapacidad.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional confirmara la disolución del organismo, en un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades en el área. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según informó el funcionario, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de funcionar como tal y sus atribuciones pasarán a depender del Ministerio de Salud. La Andis había sido creada en 2017 con el objetivo de articular y coordinar las políticas públicas vinculadas a la discapacidad.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida al señalar la existencia de fallas administrativas, un exceso de estructuras burocráticas y situaciones incompatibles con una gestión transparente, entre ellas el cobro indebido de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas.

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