El Banco San Juan cobrará una cifra millonaria por manejar el fondo de Vicuña

La entidad podrá cobrar hasta el 0,45% más IVA sobre los US$250 millones que ingresen al fideicomiso para obras. El costo abre interrogantes porque existen antecedentes de fiduciarios públicos con porcentajes nominalmente menores y no se conoció una comparación de ofertas. La discusión llega, además, a poco más de un año de la renegociación del estratégico contrato del banco con la Provincia.

La administración de los US$250 millones que Vicuña comprometió para financiar obras en San Juan tendrá un costo potencial de hasta US$1.125.000 más IVA solamente en honorarios fiduciarios. El beneficiario será el Banco San Juan, la misma entidad que concentra desde hace décadas el negocio financiero del Estado provincial y cuyo contrato de exclusividad deberá volver a discutirse en 2027.

La cifra surge del Acta Compromiso firmada entre el Gobierno y Vicuña. El documento establece que los honorarios del Banco San Juan no podrán superar el 0,45% más IVA de cada importe transferido mensualmente por la minera a la cuenta fiduciaria. Si el porcentaje máximo se aplicara sobre los US$250 millones comprometidos, la comisión alcanzaría los US$1,125 millones, sin contabilizar el impuesto.

El dato adquiere relevancia porque el banco no aportará los US$250 millones ni financiará las obras. Su función será recibir y administrar los recursos, efectuar los pagos correspondientes y cumplir las tareas propias del fiduciario. Además, las obligaciones del fideicomiso serán satisfechas con el patrimonio fideicomitido y no con recursos propios de la entidad.

El contrato contempla incluso otros gastos. Está prevista la constitución de un fondo de reserva equivalente a dos remuneraciones mensuales del fiduciario o US$10.000, lo que resulte mayor, y aparecen comisiones vinculadas a operaciones realizadas bajo “condiciones de mercado”. Por eso, los US$1,125 millones constituyen un cálculo del honorario máximo sobre el aporte inicial, pero no necesariamente representan el costo final total de la administración.

La cuestión que queda abierta es otra: ¿el 0,45% era la alternativa más conveniente para el fideicomiso?

Hasta ahora no trascendió públicamente un procedimiento competitivo en el que distintas entidades financieras hubieran presentado cotizaciones para administrar esos fondos. La designación del Banco San Juan aparece vinculada a su condición de agente financiero provincial y a sus antecedentes como fiduciario de los fondos asociados a Veladero, Casposo y Gualcamayo.

Sin una compulsa de precios equivalente no puede afirmarse que otra entidad hubiera aceptado necesariamente administrar el fideicomiso de Vicuña por menos dinero. Pero sí existen antecedentes públicos que muestran esquemas de remuneración nominalmente inferiores al 0,45%.

Un caso es BICE Fideicomisos, fiduciario del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr). En 2021, el Estado nacional estableció para esa administración una remuneración equivalente al 0,1% anual sobre el activo administrado, además de pisos y topes mensuales determinados mediante módulos.

La comparación no es directa: el FoGAr y el fideicomiso de Vicuña tienen objetos, volúmenes, duración, riesgos y tareas diferentes. También cambia la base sobre la que se calcula cada remuneración. Pero el antecedente sirve para mostrar que el porcentaje fiduciario no es una tarifa uniforme del mercado y puede ser objeto de negociación.

Tomado únicamente como referencia matemática, el 0,1% sobre un patrimonio de US$250 millones equivale a US$250.000 anuales, mientras que el máximo del 0,45% previsto para los desembolsos iniciales de Vicuña arroja US$1.125.000. No corresponde equiparar automáticamente ambos costos porque uno se calcula anualmente sobre activos administrados y el otro sobre fondos transferidos, pero la diferencia nominal refuerza la necesidad de conocer cómo se determinó el porcentaje acordado con el Banco San Juan.

San Juan, además, tiene antecedentes de utilización de otros fiduciarios. La propia Cámara de Diputados registra fideicomisos provinciales de administración y asistencia financiera que fueron celebrados con Mendoza Fiduciaria S.A., entre ellos estructuras destinadas a los sectores vitivinícola y agroindustrial. Es decir, la Provincia no estuvo históricamente limitada al Banco San Juan para todos sus vehículos fiduciarios.

El debate cobra todavía más importancia por el calendario que se aproxima. En noviembre de 2027 vence el convenio que mantiene al Banco San Juan como agente financiero exclusivo de la Provincia, renovado en 2017 por diez años. A través de ese contrato, la entidad administra buena parte de los movimientos financieros estatales, el pago de salarios públicos y otros negocios asociados a la relación con el Estado.

La exclusividad constituye un activo económico importante para el banco: además de las comisiones, le asegura fondeo, una extensa cartera de empleados públicos y posibilidades comerciales ligadas a préstamos y servicios financieros.

La Provincia tiene, a su vez, una particularidad: conserva el 16,78% de las acciones del Banco San Juan, mientras el Grupo Petersen controla el 70,14%. Esa participación permite al Estado recibir dividendos y designar representación dentro de la entidad, un elemento que seguramente pesará cuando llegue el momento de discutir la continuidad del contrato.

Pero ya aparecieron voces que plantean aprovechar el vencimiento para renegociar desde una posición más exigente. El exgobernador Jorge Escobar, quien encabezó la privatización del banco en 1996, sostuvo recientemente que la Provincia puede utilizar como herramienta de negociación el enorme volumen de fondos públicos y salarios que coloca en la entidad y reclamar a cambio una mayor participación en el financiamiento productivo.

Esa discusión tiene un antecedente inmediato: el Gobierno provincial viene reclamando al Banco San Juan un esquema para refinanciar deudas de particulares y pymes que cayeron en mora, un pedido que todavía no había obtenido una respuesta pública cuando comenzó a instalarse el debate sobre el contrato de 2027.

El fideicomiso de Vicuña agrega ahora un elemento de peso. El Banco San Juan no sólo seguirá administrando la operatoria financiera ordinaria del Estado sino que también tendrá bajo su órbita uno de los mayores fondos para infraestructura asociados a un proyecto minero en la historia provincial.

Por eso, más que cuestionar la existencia de una remuneración —propia de cualquier administración fiduciaria—, el punto central es conocer si la Provincia comparó alternativas, cómo se llegó al techo del 0,45% y si existía margen para obtener un costo menor.

Esos interrogantes adquieren mayor relevancia porque el esquema no termina con los primeros US$250 millones. Desde el sexto año de producción, el fideicomiso se nutrirá con un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de comercialización de Vicuña, y la administración se extenderá durante la vida prevista del proyecto.

A poco más de un año de renegociar la relación entre el Estado y su agente financiero, el costo del fideicomiso minero anticipa una discusión de mayor alcance: cuánto vale para el Banco San Juan manejar la caja pública y qué debería recibir San Juan a cambio de mantener una relación financiera que en 2027 cumplirá tres décadas desde la privatización de la entidad.