Divorcio sin juicio: una opción que genera inquietudes entre los abogados y jueces sanjuaninos

La jueza Marianela López analizó los riesgos y las posibles consecuencias del divorcio sin intervención judicial, una medida que despierta inquietudes sobre los derechos patrimoniales.

El debate sobre el divorcio en Argentina se reaviva con la reciente propuesta de permitir que las parejas puedan separarse sin necesidad de acudir a la justicia, simplificando el trámite como un proceso administrativo. Esta iniciativa, que busca aliviar la carga judicial y acelerar los divorcios de mutuo acuerdo, generó tanto entusiasmo como preocupación. En medio de este escenario, la jueza de Familia Marianela López advirtió en el programa La Ventana sobre los posibles riesgos que podrían enfrentar los cónyuges si no se toman las medidas adecuadas para informar y proteger sus derechos.

El proyecto propone añadir un inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial, permitiendo que aquellos matrimonios que acuerden disolver su vínculo lo hagan sin pasar por un tribunal. Sin embargo, la jueza sanjuanina subrayó que este enfoque no contempla a fondo las implicancias patrimoniales y personales que trae aparejado un divorcio. “El proceso de disolución de un vínculo matrimonial tiene una trascendencia económica y personal que no puede minimizarse», señaló López, enfatizando la importancia de que ambas partes estén bien informadas sobre los efectos que este cambio podría tener en sus vidas.

Uno de los puntos que más inquieta a los expertos, incluida la jueza López, es la falta de claridad en cuanto a la información que recibirían los cónyuges antes de proceder con el divorcio administrativo. López detalló que un gran número de personas desconoce los plazos y derechos relacionados con las compensaciones económicas, los alimentos, la división de bienes y otros aspectos que pueden surgir tras la separación. “El problema no es solo estar de acuerdo en divorciarse, sino entender qué significa ese acuerdo en términos de compensaciones y cómo se distribuirán los bienes”, explicó la magistrada.

El Código Civil actual ya permite un divorcio sin causales, lo que flexibilizó enormemente el proceso. Sin embargo, la propuesta administrativa plantea una nueva vía que, según la jueza, podría dejar a muchos cónyuges desprotegidos. “Una de las preocupaciones principales es que no se garantice que las personas sepan cuánto tiempo tienen para reclamar una compensación o cómo proceder si una de las partes queda en desventaja económica tras el divorcio”, añadió López. Esto cobra especial relevancia en los casos donde una de las partes, sea hombre o mujer, se encuentra en una posición financiera más vulnerable.

Otro aspecto que resalta López es la oportunidad que esta modificación traería para mejorar las estadísticas sobre divorcios en el país. Actualmente, el Registro Civil no cuenta con información clara sobre la cantidad de separaciones que se realizan, ya que estos datos no son centralizados ni sistemáticamente compartidos entre la justicia y los organismos civiles. “Si este proyecto avanza, podría ser una oportunidad para que se genere una columna más en las estadísticas nacionales, lo que ayudaría a tener un panorama más preciso de la situación”, comentó la jueza.

Para López, el divorcio administrativo puede ser una opción válida cuando las partes acuerdan de manera consensuada, pero advierte que esto no debe trivializar las consecuencias que una separación conlleva. “El acto de divorciarse no es solo una cuestión de firmar un papel; hay aspectos patrimoniales y personales que no pueden ser pasados por alto”, insistió.

En su análisis, también mencionó cómo hoy, con la normativa actual, el divorcio es posible incluso si una de las partes no está de acuerdo, y cómo la justicia asegura que, una vez dictada la sentencia, se inscriba en el registro civil para su plena validez.

Esta propuesta de divorcio administrativo podría ser una solución para agilizar el proceso de separación en casos de común acuerdo, pero la falta de previsión en cuanto a las consecuencias patrimoniales y la desinformación de los cónyuges sigue siendo una preocupación central. Como concluyó la jueza López: “Es una opción más, pero debe estar acompañada de garantías claras para proteger a ambas partes”.