Dávila negó negligencia del Estado en la causa de Graffigna por las expropiaciones

El fiscal de Estado aseguró que la falta de impulso de una de las acciones vinculadas con las expropiaciones de Cuesta del Viento respondió a una estrategia jurídica y no a un olvido. La instancia fue declarada caduca y la Provincia apelará.

El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, rechazó que haya existido negligencia de la Provincia o un vencimiento inadvertido de los plazos en una de las acciones judiciales relacionadas con las expropiaciones de terrenos de Cuesta del Viento y el abogado Santiago Graffigna.

La aclaración surgió luego de que se conociera una resolución que declaró la caducidad de una de las acciones impulsadas por Fiscalía de Estado. Dávila reconoció que el expediente permaneció sin actividad durante el plazo previsto por el Código Procesal, pero sostuvo que no se trató de un olvido ni de una omisión involuntaria.

“Suena a que el Estado no lo activó, pero por algo no lo activó”, afirmó el fiscal de Estado al explicar que la decisión debe analizarse dentro de una estrategia judicial más amplia, integrada por acciones civiles y por la causa penal vinculada con las expropiaciones.

Según explicó Dávila, Fiscalía de Estado inició diez acciones de nulidad relacionadas con las expropiaciones. Una de ellas es la que ahora fue declarada caduca después de que transcurrieran seis meses sin que alguna de las partes impulsara el proceso.

“Pasados los seis meses sin que una de las partes active el proceso, se considera que está perimida la instancia, es decir, que está caduca y que hay que volverla a iniciar”, explicó.

Sin embargo, Dávila remarcó que esa resolución no significa que Graffigna haya quedado liberado de pagar una deuda a la Provincia, porque, según aclaró, el sentido económico de la controversia es diferente.

“No es que Graffigna no va a tener que pagar. Graffigna lo que quería era cobrar”, señaló. Y agregó: “La Provincia no tuvo que pagar lo que Graffigna pretendía”.

El funcionario explicó que las acciones de nulidad fueron promovidas precisamente para cuestionar los montos reclamados en las expropiaciones. Según su interpretación, la estrategia defensiva permitió impedir que avanzaran los importes que se pretendían cobrar al Estado provincial.

La complejidad procesal también estuvo atravesada, de acuerdo con Dávila, por la situación del entonces magistrado Carlos Pagés Lloveras, quien figuraba entre los demandados. Su participación fue cuestionada judicialmente y la controversia llegó hasta la Corte, que finalmente determinó que no podía ser demandado en esas condiciones.

Durante ese trámite, explicó el fiscal, los plazos estuvieron suspendidos hasta que se resolvió la situación procesal de Pagés Lloveras. Una vez definida esa cuestión, continuaron las distintas acciones relacionadas con el caso.

Dávila vinculó además la estrategia civil con la investigación penal por las expropiaciones. Señaló que existe una sentencia condenatoria en ese proceso, aunque todavía no está firme, y sostuvo que eventualmente el Estado también podría buscar recuperar por esa vía sumas que considere indebidamente percibidas.

Por eso, el fiscal insistió en que la resolución conocida ahora debe analizarse como una pieza de un litigio mucho más amplio y no como el cierre del conflicto judicial.

“Es una de diez”, sintetizó sobre las acciones de nulidad iniciadas por Fiscalía de Estado.

La Provincia, además, no dará por terminada esta discusión. Dávila confirmó que Fiscalía de Estado apelará la declaración de caducidad y evaluará su efecto en conjunto con las restantes acciones civiles y el expediente penal.

La controversia continuará así en los tribunales, con dos planos todavía abiertos: la revisión de la caducidad de esta acción particular y el resultado definitivo de las restantes causas vinculadas con las expropiaciones de Cuesta del Viento.