Cuenta regresiva para revisión salarial docente: el eje, la inflación acumulada

La reunión con los gremios UDAP, UDA y AMET se realizará el 30 de junio. Además de analizar el impacto de la inflación, el Ejecutivo ratificó el calendario escolar y confirmó avances en la estabilidad laboral de unos 1.500 docentes.

El Gobierno de San Juan volverá a sentarse con los gremios docentes para evaluar la situación salarial del sector y definir los próximos pasos de la política de ingresos para la segunda parte del año. La convocatoria fue confirmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien informó que el encuentro se desarrollará el próximo 30 de junio, a las 14 horas, en la sede ministerial.

La mesa de negociación contará también con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Roberto Gutiérrez, y del secretario de la Gobernación, Emilio Achem. Allí se analizarán variables económicas como la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la situación financiera provincial y el contexto económico nacional.

Según explicó la titular de Educación, la metodología de trabajo será similar a la aplicada en negociaciones anteriores. El análisis estará basado en los indicadores inflacionarios y en la capacidad financiera de la provincia, con el objetivo de determinar si corresponde realizar nuevas actualizaciones salariales que impacten en los haberes docentes.

Fuentes destacó que San Juan mantiene un esquema de revisión periódica de salarios que, a su entender, no es habitual en otras jurisdicciones del país. En ese sentido, valoró la continuidad del diálogo con los sindicatos como una herramienta para monitorear el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La nueva convocatoria llega después de un extenso proceso de negociación desarrollado durante el primer semestre. El acuerdo vigente fue alcanzado tras once reuniones entre funcionarios y representantes gremiales, en una discusión que incluyó medidas de fuerza y jornadas de paro antes de concretarse la firma del acta paritaria el 15 de abril.

Ese entendimiento estableció incrementos progresivos y garantizó salarios mínimos para el cargo testigo de jornada simple. Los montos fijados fueron de $831.989 en abril, $851.943 en mayo y $876.332 para junio, acompañados por actualizaciones del valor índice y mejoras en distintos componentes salariales.

Entre los puntos acordados también figuró la incorporación al salario remunerativo de una suma fija de 100 mil pesos que anteriormente se abonaba bajo otro concepto, además de aumentos en el básico y mejoras en las bonificaciones por zona para docentes que cumplen funciones en departamentos alejados.

Uno de los aspectos centrales de la próxima reunión será la aplicación de una cláusula de revisión que permitirá comparar la inflación acumulada durante el semestre con los incrementos otorgados hasta el momento. En caso de existir diferencias, estas podrían incorporarse a la pauta salarial prevista para julio.

La expectativa oficial es sostener el clima de diálogo alcanzado con los gremios y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, que este año contempla 189 días de clases.

Avances en estabilidad laboral

En paralelo a la discusión salarial, el Ministerio de Educación avanza en un proceso que permitirá la titularización de aproximadamente 1.500 docentes del sistema educativo provincial. La medida fue acordada en el marco de la Paritaria Pedagógica junto a los sindicatos del sector y apunta a regularizar situaciones laborales que se arrastraban desde hace años.

Asimismo, se definió que a partir de 2027 los procesos de titularización se realizarán de manera anual, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y estabilidad a los trabajadores de la educación.

Sin cambios en las vacaciones de invierno

Por otra parte, la ministra descartó modificaciones en el calendario escolar y negó que exista la posibilidad de adelantar el receso invernal. De esta manera, las clases continuarán con normalidad hasta los primeros días de julio y se retomarán según las fechas ya establecidas.

Fuentes señaló que únicamente circunstancias excepcionales, como fenómenos climáticos severos o emergencias sanitarias, podrían motivar cambios en el cronograma. Sin embargo, aseguró que actualmente no existen razones para alterar la planificación prevista.

El mantenimiento del calendario responde a la necesidad de cumplir con los 189 días de clases programados para este ciclo lectivo, una cifra superior al mínimo exigido por la normativa nacional. Desde Educación remarcaron que cualquier modificación obligaría a recuperar jornadas al finalizar el año, lo que podría extender el ciclo escolar más allá de las fechas originalmente previstas.