Acceso a la salud y federalismo: una deuda pendiente en la Argentina

Por Alfredo Nardi (*) –

En un país que constitucionalmente se declara federal, el acceso a la salud sigue siendo uno de los campos donde las desigualdades entre la Capital Federal y las provincias se manifiestan con mayor crudeza. Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentra la mayor parte de la infraestructura sanitaria de alta complejidad, los habitantes de las provincias —especialmente del norte argentino— se enfrentan a sistemas debilitados, con escasos recursos humanos especializados y derivaciones constantes a centros porteños.

Sin embargo, esta realidad no se refleja en el costo de acceso a los servicios de salud. Las Obras Sociales sindicales y Prepagas cobran las mismas cuotas en todo el país, sin contemplar la desigual distribución de los prestadores, la infraestructura ni la capacidad de respuesta local. En términos simples: se paga igual por un servicio de primer nivel en Buenos Aires que por una oferta muchas veces fragmentada o inexistente en provincias como San Juan, La Rioja, Formosa o Chaco, que sigue una lógica de mercado. Las familias deben trasladarse cientos o miles de kilómetros para acceder a una consulta especializada, una terapia o un tratamiento oncológico.

Esta situación plantea interrogantes profundos sobre el principio de Igualdad ante la Ley y el acceso efectivo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. El Derecho a la Salud como parte del derecho a la vida y al bienestar integral ( arrt. 14 bis 42 y 75 inc 22—reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el de San Salvador y la Convención sobre los Derechos del Niño— no puede ser un privilegio geográfico.

Federalismo sin equidad no es federalismo

El Federalismo argentino no puede limitarse a una distribución de competencias administrativas. Debe también garantizar un acceso equitativo a los derechos fundamentales, sin importar el domicilio de las personas. En materia de salud, esto implica repensar cómo se financian, regulan y supervisan las Obras Sociales y las empresas de medicina Prepaga para que el servicio sea efectivamente igualitario en todo el país.

Es hora de discutir mecanismos de compensación territorial, inversiones obligatorias en zonas de baja cobertura, redistribución equitativa de recursos, incentivos reales para la radicación de profesionales y la creación de redes federales de atención integradas. También es urgente un rol más activo del Estado nacional como garante de equidad en el sistema de salud, incluso cuando las competencias formales estén descentralizadas.

Una política pública desigual refuerza las injusticias estructurales

La actual estructura del sistema de salud reproduce desigualdades históricas. Quienes nacen en territorios con menos infraestructura, menor densidad poblacional o economías más débiles, tienen menos oportunidades de acceder a tratamientos de calidad. Y a eso se le suma la injusticia de pagar lo mismo por menos.

La justicia social, principio fundante del federalismo argentino, exige que igual aporte signifique igual acceso. Si no se garantizan condiciones mínimas en todas las provincias, el sistema no solo es injusto: es Inconstitucional.

(*) Abogado, especialista en temas de salud

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2150 del 28 de junio de 2025