Los intendentes consiguieron el federalismo que no logran los gobernadores

Escribe: Juan Carlos Bataller Plana –

Esta semana quedará marcada en el calendario político de la gestión de Marcelo Orrego.

San Juan necesita financiamiento externo para sostenerse en pie mientras espera que la minería termine de despegar. Y esta semana, esa certeza se convirtió en decisión.

El diagnóstico es descarnado. No hay obras nacionales. El presupuesto provincial tiene cada vez menos margen de maniobra. El comercio y el turismo atraviesan un parate que se siente en cada cuadra del Gran San Juan. Y sobre ese escenario, los sindicatos empiezan a hacer ruido, reclamando respuestas que el gobierno todavía no tiene del todo armadas.

En ese contexto, la baja del Riesgo País por debajo de los 500 puntos abrió una ventana que Orrego no dudó en cruzar: crédito externo a tasas de entre el 8 y el 9% anual en dólares, caro en términos absolutos pero accesible en el marco de lo que ofrece hoy el mercado internacional para provincias argentinas.

Pero antes de llegar al mercado de capitales, Orrego tuvo que resolver un problema político más inmediato y mucho más ruidoso: sus propios intendentes.

Los jefes comunales llegaron a la Cámara de Diputados con la convicción de quienes saben que tienen poder de veto. No iban a permitir que los fondos del endeudamiento se administraran desde Casa de Gobierno con criterio exclusivamente centralizado. Querían participación, obra concreta en cada departamento, viviendas que lleguen a sus vecinos antes de que las urnas vuelvan a abrirse. Y lo consiguieron.

El propio gobernador se plantó en el recinto —gesto que no es habitual ni gratuito pero fue bien recibido— para desactivar la tensión y sellar un acuerdo que, aunque nadie lo verbalizó con esa precisión, implica un reparto territorial que tranquiliza a los aliados y les da argumentos para defender el voto afirmativo ante sus bases.

Lo que hicieron los intendentes sanjuaninos tiene un nombre que suena bien en teoría y se practica poco: federalismo real. No el de los discursos de apertura de sesiones, sino el de la negociación áspera, el de los liderazgos territoriales que no se resignan a ser meros ejecutores de decisiones tomadas en la capital provincial. Orrego los entendió, en parte porque se formó en ese municipalismo y conoce sus códigos desde adentro. Priorizó la gobernabilidad sobre el control, y eso le permitió avanzar.

La escena, sin embargo, tiene una lectura que excede a San Juan y apunta directo al corazón del vínculo entre las provincias y el gobierno de Javier Milei. Lo que los intendentes sanjuaninos lograron en pocas horas de negociación es justamente lo que los gobernadores del país vienen reclamando sin éxito en la Casa Rosada: que la lealtad política tenga precio, que el apoyo legislativo se traduzca en infraestructura, en transferencias, en algo tangible para mostrar en el territorio.

Ese sistema de compensaciones mutuas —el clásico «tome y daca» de la política argentina— Milei lo desmanteló con una mezcla de convicción ideológica e inexperiencia en la gestión subnacional. El resultado es una parálisis que afecta incluso a los gobernadores más cercanos al oficialismo: votar a favor o en contra del presidente les rinde prácticamente lo mismo en términos de retorno presupuestario, y esa ecuación los deja sin brújula.

Para Orrego, que opera sin las espaldas financieras de una provincia productora hasta que llegue la gran minería y sin el peso político de un distrito electoral decisivo, la lección de esta semana es que las soluciones habrá que construirlas hacia adentro y hacia afuera, con endeudamiento inteligente, con acuerdos territoriales sólidos y con la certeza de que de Buenos Aires, por ahora, no viene el auxilio.

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2195 del 6 de junio de 2026