Cuatro años de negociación y un pacto final

Por Mariano Eiben –

Tras dos días y dos noches de intensas negociaciones para salvar las últimas diferencias, la Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo con el que pretenderá gestionar previsible y ordenadamente el flujo de inmigrantes a su territorio. Las primeras conversaciones iniciaron en el ya lejano año 2020 a petición de la Comisión Europea.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha calificado de «histórico» el acuerdo y asegura que traerá más claridad jurídica y humanitaria para todos los socios del bloque, palabras secundadas por el gobierno italiano que «ahora podrá contar con nuevas normas para gestionar los flujos y luchar contra los traficantes de seres humanos»; mientras que Hungría y Eslovaquia han expresado su rechazo.

El pacto reformará la política con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una «solidaridad a la carta» para permitir eludir la acogida de los migrantes reubicados con alternativas como el pago de una compensación. También está incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes hasta que se resuelva cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.

Estas nuevas reglas, que necesitan el visto bueno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, logra consensuar un equilibrio entre los países en primera línea, como España e Italia, que al tener salida al mar mediterráneo son los que más migrantes reciben, y el resto de países que reciben movimientos secundarios. La solución es un mecanismo que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio parte de las personas llegadas, o bien pagando una compensación por cada migrante que rechace.

El objetivo es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, y quienes decidan oponerse deberán pagar una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado. Entre los principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos en fronteras que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados inseguros.

Muchas ONGs, varias de ellas destinadas al rescate de náufragos en el mediterráneo, se han manifestado en contra del acuerdo, al que tildan de muy protector de fronteras y poco humanitario. En el caso de España, a falta de dos semanas para que termine el año, se han registrado 51.739 llegadas irregulares en embarcaciones, dato muy cercano a cuando se estableció el máximo histórico de 57.498 personas. Un número tan alto no se alcanzaba desde el año 2018 y representa un incremento del 140% respecto al año anterior, siendo las Islas Canarias las receptoras del mayor porcentaje por vía marítima y las comunidades de Ceuta y Melilla, en mucha menor medida, por vía terrestre.

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 857 del 20 de diciembre de 2023