Caso de Lucía Rubiño: prorrogan la investigación para esclarecer responsabilidades en la tragedia de Rivadavia

El juez Javier Figuerola otorgó una extensión de cuatro meses en el proceso, mientras las partes objetaron el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la acusación de homicidio culposo.

La investigación por la muerte de Lucía Rubiño, atropellada en octubre de 2023 en Rivadavia, continúa acaparando la atención pública en San Juan. Este jueves por la tarde, el juez de Garantías, Javier Figuerola, aceptó extender por cuatro meses más el plazo para la investigación del caso, permitiendo a la fiscalía y la defensa aportar nuevas pruebas. La prórroga fue solicitada por el fiscal Iván Grassi, quien busca resolver todas las aristas legales y fácticas en torno al presunto delito de picadas ilegales que involucra a Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal.

Durante la audiencia, Grassi detalló que en el marco de la causa se habían agotado los plazos previos de un año y que, tras evaluar las pruebas, había solicitado el sobreseimiento de Echegaray en el cargo de homicidio culposo. No obstante, el fiscal subrayó que aún persiste una acusación por realizar picadas ilegales, un delito que requiere mayor indagación. “Pedí un plazo de 4 meses más para profundizar en la imputación de picadas ilegales, a fin de esclarecer la participación de Echegaray y otros implicados”, expresó Grassi en diálogo con Diario La Ventana.

El abogado defensor, Joaquín Moine Galdeano, quien representa a Echegaray, también apoyó la extensión del plazo de investigación. Moine Galdeano solicitó además que se le exima a su cliente de la obligación de presentarse cada 30 días ante la Justicia en San Juan, ya que Echegaray es estudiante universitario en Córdoba y enfrenta dificultades para trasladarse con frecuencia. “Mi cliente está colaborando plenamente y desea demostrar su inocencia, pero la distancia y sus responsabilidades académicas complican su asistencia periódica”, afirmó.

Por su parte, Marcelo Fernández, abogado de la querella y representante de la familia Rubiño, se mostró crítico ante el dictamen del fiscal y el peritaje que este presentó, realizado por expertos judiciales de Mendoza. Según Fernández, el dictamen de sobreseimiento ignora elementos de prueba que demostrarían que Echegaray, al volante de su camioneta Toyota Hilux, bloqueó la trayectoria del Renault Sandero conducido por un menor, lo que habría causado la maniobra que terminó con la vida de Lucía Rubiño. “Existen elementos ignorados por el Ministerio Público Fiscal que avalan nuestra postura. Estamos convencidos de que las pruebas recabadas respaldan la responsabilidad de Echegaray en la tragedia”, aseveró Fernández.

La controversia radica en los resultados del informe pericial realizado por el Poder Judicial de Mendoza, que exoneró a Echegaray de una participación directa en el fatal desenlace. “El criterio jurídico del fiscal carece de fundamentos sólidos para absolver a Echegaray de toda responsabilidad en el accidente”, sostuvo Fernández, quien además anticipó que buscará la revisión del dictamen de Grassi, en espera de que un fiscal superior tome cartas en el asunto y, de ser necesario, que un juez defina si el caso avanza a juicio.

Fernández también deslizó la posibilidad de pedir el apartamiento de Grassi si este persiste en sostener el dictamen que absuelve a Echegaray de responsabilidad en la muerte de Rubiño en cuanto a la acusación de homicidio culposo. “Si el fiscal se mantiene en esta postura, solicitaremos su apartamiento del caso”, advirtió el abogado querellante.

El fatídico episodio ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando Lucía fue atropellada por un vehículo Renault Sandero, manejado por un menor de edad en aquel entonces. La querella apunta a que la maniobra del joven se vio condicionada por la presencia de la camioneta de Echegaray, quien presuntamente participaba en una picada. Sin embargo, la versión fiscal, sustentada en el peritaje mendocino, sugiere que el incidente fue consecuencia de la invasión de carril por parte del Sandero, sin involucrar directamente a Echegaray en el desenlace fatal.

La prolongación de la investigación hasta el 29 de marzo de 2025 abre la puerta para que las partes continúen aportando pruebas que arrojen luz sobre el complejo caso y definan, finalmente, las responsabilidades en el accidente que acabó con la vida de Lucía.