Anularon el nombramiento de un trabajador de Salud por presentar un título secundario falso

Una investigación administrativa determinó que el certificado escolar utilizado para ingresar al Estado era apócrifo. Además de dejar sin efecto su designación, el Gobierno ordenó radicar una denuncia penal.

El Gobierno de San Juan resolvió dejar sin efecto la designación de un agente que prestaba funciones en el Ministerio de Salud, luego de comprobar que había presentado un certificado de estudios secundarios falsificado para acceder al cargo.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 42-MS-2025, firmado por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2026.

La resolución alcanza a Irazoque, quien había sido incorporado en 2020 como auxiliar de enfermería y servicios técnicos. Según se desprende del decreto, su nombramiento quedó sin efecto al verificarse que la documentación presentada para acreditar sus estudios carecía de autenticidad.

La investigación administrativa comenzó a partir de una denuncia relacionada con la solicitud del adicional por título. En ese marco, el Ministerio de Educación realizó las verificaciones correspondientes y recibió un informe del Colegio Secundario Dr. Diego Salinas, donde se indicó que el agente nunca estuvo registrado como alumno de esa institución.

Las averiguaciones también revelaron que la firma de la directora consignada en el certificado no coincidía con la registrada oficialmente y que la resolución utilizada como respaldo del supuesto título pertenecía a otra persona.

Con esos elementos, el Ejecutivo provincial concluyó que el documento presentado era falso. El decreto señala expresamente que quedó acreditada la falsificación del título secundario utilizado por el agente.

Frente a esa situación, se instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades y, como resultado, se dispuso la nulidad de la designación otorgada en 2020, al entender que el ingreso a la administración pública se produjo sobre la base de documentación apócrifa.

Asimismo, el decreto recuerda que la normativa vigente obliga a los funcionarios públicos a denunciar ante la Justicia cualquier hecho que pudiera configurar un delito. En consecuencia, también se ordenó promover la correspondiente denuncia penal por lo ocurrido.