Aceleran la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil y preparan reunión clave

A pocos días de que entre en vigencia la nueva normativa, funcionarios provinciales, representantes de la Justicia y especialistas comenzaron a coordinar su aplicación en San Juan. La Corte trabaja en una acordada provisoria mientras se avanza hacia un Código Procesal Penal Juvenil propio.

San Juan comenzó a definir cómo será la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 5 de septiembre en todo el país. En ese marco, autoridades del Gobierno provincial, integrantes del Poder Judicial, representantes de Seguridad y especialistas en materia de niñez mantuvieron un primer encuentro para establecer los pasos que deberán seguir los distintos organismos.

La reunión se desarrolló en la Asesoría Letrada de Gobierno y tuvo como principal objetivo poner sobre la mesa los aspectos que deberán resolverse antes de la aplicación efectiva de la nueva normativa. Además, se acordó avanzar hacia un encuentro ampliado durante la próxima semana, aunque todavía no se definió la fecha concreta.

El nuevo régimen está contemplado en la Ley 27.801 y sustituirá el sistema tutelar que se encuentra vigente desde 1980. La normativa establece la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 18 años frente a determinados delitos previstos en el Código Penal.

La Justicia prepara una herramienta transitoria

Uno de los puntos que genera mayor atención en la provincia es la necesidad de establecer un procedimiento claro para actuar ante los casos que involucren a adolescentes una vez que la nueva legislación comience a regir.

Frente a este escenario, la Corte de Justicia de San Juan trabaja en una acordada que permitirá fijar de manera provisoria las primeras pautas de funcionamiento. Esta herramienta tendrá carácter transitorio hasta que la provincia pueda avanzar en la elaboración y aprobación de un Código Procesal Penal Juvenil propio.

La necesidad de contar con una normativa procesal específica fue uno de los temas centrales abordados durante el encuentro, en el que se buscó delinear una estrategia común entre las diferentes áreas involucradas.

De la reunión participaron el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari; la jueza Penal de Niñez y Adolescencia, María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.

También estuvieron presentes el asesor Letrado Adjunto del Gobierno, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.

Coordinación entre Justicia, Seguridad y organismos de niñez

Otro de los objetivos planteados fue evitar superposiciones entre las distintas instituciones que deberán intervenir cuando un adolescente quede involucrado en un proceso penal. Para ello, se busca establecer criterios de actuación que permitan coordinar las tareas de la Justicia, las fuerzas de Seguridad y los organismos encargados de garantizar los derechos de niños y adolescentes.

Desde el Gobierno remarcaron la importancia de alcanzar acuerdos entre los distintos sectores para que la implementación del nuevo sistema contemple tanto la protección de los menores como las necesidades vinculadas con la seguridad.

“Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, sostuvo Alejandro Ferrari durante el encuentro.

Con la entrada en vigencia de la ley cada vez más cerca, San Juan continuará con las reuniones entre las áreas involucradas para definir el mecanismo que permitirá comenzar a aplicar el nuevo régimen y, paralelamente, avanzar en la construcción de un marco procesal específico para la provincia.

Preocupación del Juez Toro por el funcionamiento del nuevo sistema

El próximo 5 de septiembre comienza a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece los 14 años como edad de imputabilidad, por lo que el juez penal de Niñez y Adolescencia de San Juan, Jorge Toro, puso el foco en los desafíos que deberá afrontar la provincia para aplicar la normativa. El magistrado advirtió que modificar la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente no será suficiente si el Estado no desarrolla políticas de acompañamiento y contención.

Para Toro, el objetivo central del nuevo esquema debe estar puesto en la resocialización y la reinserción, mientras que la privación de la libertad debería utilizarse solamente cuando no existan otras alternativas. En ese sentido, remarcó que el sistema necesita medidas que permitan intervenir antes de llegar al encierro, especialmente en situaciones vinculadas con el consumo problemático, la deserción escolar y los conflictos familiares.

Uno de los interrogantes planteados por el magistrado está relacionado con la capacidad de la estructura provincial para afrontar las nuevas exigencias. San Juan deberá adecuar procedimientos y organismos a un modelo penal juvenil diferente, mientras persisten estructuras de un sistema anterior. Toro también señaló que no tiene certezas sobre si el Instituto Nazario Benavídez cuenta actualmente con las condiciones necesarias para recibir adolescentes de 14 y 15 años, ni si existe infraestructura adecuada para alojar a mujeres.

El juez hizo especial hincapié en las denominadas medidas complementarias, que deberían permitir que los adolescentes cumplan determinadas intervenciones sin necesidad de ser privados de su libertad. Entre ellas aparecen el tratamiento de consumos problemáticos, la recuperación del vínculo con la escuela y el seguimiento personalizado.

En este punto, Toro marcó una de las principales preocupaciones: la figura del tutor o supervisor encargada de acompañar al adolescente durante ese proceso todavía no tendría una implementación claramente definida. Para el magistrado, contar con estos recursos será determinante para que las medidas alternativas funcionen y no queden reducidas a una declaración de principios.

Toro también puso sobre la mesa el riesgo de que, ante la falta de herramientas preventivas y socioeducativas, la Justicia termine recurriendo a la institucionalización como respuesta habitual. Según explicó, existe un grupo reducido de adolescentes que concentra buena parte de las situaciones más complejas, atravesadas por consumos, abandono escolar y entornos familiares deteriorados.

El juez sostuvo que la mayoría de los jóvenes que atraviesan un primer conflicto con la ley penal no reincide, mientras que el desafío se concentra en aquellos casos más persistentes y complejos. Para ese sector, consideró necesario implementar estrategias específicas y sostenidas.

En ese marco, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo sistema termine utilizando el encierro para resolver delitos de menor gravedad. Toro advirtió que una eventual saturación de los institutos podría repetir modelos del pasado en los que la institucionalización, lejos de solucionar las causas del delito, terminaba profundizando las situaciones de vulnerabilidad.