Recital de Lali: el llamado del explosivo se realizó desde Marquesado

El fiscal indicó que esperan que las empresas informen el titular de la línea.

El pasado viernes 1 de agosto, Lali Espósito, debía comenzar a las 21 su show en el estadio Aldo Cantoni. Sin embargo, se demoró la apertura ante una llamada anónima al 911 mediante la cual una voz masculina le informó a las autoridades policiales: «Hemos puesto un artefacto explosivo porque no queremos que esa negra p… kirchnerista actúe. De ustedes depende que no salga gente lastimada».

Siguiendo los protocolos de seguridad, se desplegó un amplio y exhaustivo operativo que incluyó patrulleros, bomberos y un escuadrón antibombas para verificar la amenaza e iniciar una investigación bajo supervisión fiscal y de la secretaria de Seguridad. Una vez confirmado que se trataba de una denuncia falsa, el show comenzó a las 22.30 horas.

 Desde la UFI Genérica, los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem, informaron que se determinó el lugar de donde provino el llamado.

Mattar: «Se trata de un trabajo donde intervienen organismos nacionales y la Policía de San Juan, sobre todo en el área tecnológica. Ya se identificaron antenas y se está trabajando en reducir el margen geográfico para ubicar el domicilio desde donde surgió la llamada».

El fiscal agregó: «A pesar de que el número tiene prefijo 011 de la ciudad de Buenos Aires, las antenas determinaron que el llamado se originó en Marquesado, en el departamento Rivadavia. Puede tratarse de un teléfono con chip porteño, pero utilizado físicamente en San Juan». 

Por su parte Achem manifestó: «Uno de los factores que ha demorado el avance de la investigación es la falta de respuesta de las empresas de telefonía durante el fin de semana. Los oficios se enviaron por correo electrónico, pero que las compañías aún no han entregado la información solicitada. Para realizar una imputación necesitamos datos oficiales de las empresas. Para un eventual juicio, la información informal no sirve. Necesitamos pruebas concretas».

La causa está caratulada como intimidación pública, aunque no se descarta un cambio de calificación.

Achem, destacó la reacción del público sanjuanino frente a la situación y advirtió que cada amenaza es abordada con la misma seriedad, sin importar el contexto. La decisión institucional es tomar cada situación como cierta y garantizar la seguridad de la ciudadanía. San Juan debe saber que hay sanciones y tiene un costo. Acalaró, que si se determina que el autor del llamado es menor, la causa será derivada a la justicia penal juvenil.

Sobre sanción al autor ,la escala de la pena va de 2 a 10 años, y en el caso de coacción, podría llegar hasta los 5 a 10 años de prisión efectiva. Aunque la ausencia de antecedentes podría jugar a favor del imputado, la justicia debe justificar cada decisión sobre la modalidad del cumplimiento de la pena.

Otro de los puntos relevantes de la causa es el costo del operativo, que podría superar los cuatro millones de pesos. De ser identificado el autor, se evaluará si corresponde que asuma los gastos como sanción adicional, tal como ocurrió en hechos similares.