Puertos paralizados: el conflicto escala

Más de 150 buques quedaron demorados por la suspensión del practicaje en los principales puertos del país. El Gobierno intimó a los profesionales a retomar el servicio y advirtió sobre sanciones administrativas y penales, pero la disputa continúa sin acuerdo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los prácticos de navegación mantiene paralizada buena parte de la operatoria portuaria argentina, con más de 150 barcos demorados, exportaciones de granos frenadas y crecientes riesgos para la logística de combustibles.

La medida comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que reemplazó el régimen vigente desde 1991 y abrió el servicio de practicaje y pilotaje a una mayor competencia. Los profesionales rechazaron la reforma, dejaron de aceptar nuevas contrataciones y condicionaron cualquier negociación a la suspensión o derogación de la norma.

Hasta este martes, el conflicto no había sido superado. El Gobierno endureció su posición mediante una intimación de la Prefectura Naval Argentina para que los prácticos y pilotos retomaran de inmediato sus tareas, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales.

La notificación alcanza a 536 profesionales habilitados, según informaron medios nacionales, y considera falta grave la negativa a prestar el servicio. Prefectura advirtió además que las acciones destinadas a interrumpir la actividad podrían quedar comprendidas en delitos vinculados con la seguridad de la navegación y el entorpecimiento del transporte.

El practicaje es una actividad esencial para el movimiento portuario. Los prácticos son capitanes especializados que suben a los buques para asesorar las maniobras de entrada, salida y navegación en ríos, canales y zonas de alta complejidad. Sin esa asistencia, gran parte de los barcos no puede operar en condiciones normales de seguridad.

Por qué comenzó el conflicto

El Decreto 690/2026 creó un registro abierto y sin cupos para los profesionales habilitados, permitió la contratación directa por parte de las navieras y estableció que la remuneración sea acordada entre los usuarios y los prácticos, aunque con tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

También habilitó la libre contratación de los servicios de traslado hacia los buques, limitó el cobro de conceptos adicionales y facultó a Prefectura o a la Armada a cubrir el servicio en situaciones excepcionales.

El Gobierno sostiene que el nuevo sistema busca reducir costos, eliminar regulaciones obsoletas, ampliar la cantidad de prestadores y evitar esquemas monopólicos. Los prácticos, en cambio, afirman que la flexibilización puede deteriorar los estándares profesionales y poner en riesgo la seguridad de la navegación.

Los profesionales también cuestionan la posibilidad de ser reemplazados temporalmente por personal de Prefectura, de la Armada o por capitanes con certificados de conocimiento de zona. Desde el sector advierten que la tarea requiere una formación específica y experiencia directa en cada tramo navegable.

Negociaciones trabadas

Representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica se comunicaron con referentes del sector para intentar abrir una mesa de diálogo. Sin embargo, los prácticos reclamaron como condición previa la suspensión o derogación del decreto.

Esa exigencia trabó las conversaciones. Mientras el Gobierno avanzó con intimaciones y evaluaba denuncias penales e inhabilitaciones, los profesionales advirtieron que el conflicto podría profundizarse si la norma continúa vigente sin modificaciones.

La disputa tampoco puede encuadrarse como una huelga sindical tradicional, debido a que los prácticos trabajan como profesionales independientes. En los hechos, la protesta consiste en dejar de aceptar nuevos servicios, mientras algunos compromisos contratados previamente pudieron completarse.

Exportaciones y combustibles afectados

La paralización impactó de manera directa sobre los puertos agroexportadores del Gran Rosario y sobre terminales ubicadas en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.

La falta de prácticos frenó cargas de granos, combustibles y otras mercaderías, además de impedir el ingreso de un buque destinado al proyecto petrolero Vaca Muerta Oil Sur.

La Cámara Argentina de Energía advirtió que la interrupción de las operaciones podría generar dificultades en el transporte interno de nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo. Al menos 12 buques tanque permanecían detenidos durante las primeras jornadas del conflicto.

Fuentes oficiales estimaron pérdidas de entre US$2 millones y US$3 millones diarios, aunque el impacto final dependerá de la duración de la medida, los costos por demora de los barcos y la capacidad de reprogramar cargas y descargas.

La principal preocupación es que una prolongación del bloqueo obligue a las navieras a desviar buques hacia terminales extranjeras, encarezca los fletes y altere el flujo de exportaciones e importaciones.

Con las intimaciones ya formalizadas y sin una mesa de negociación activa, el conflicto entró en una etapa de máxima tensión. La normalización dependerá de que los prácticos retomen el servicio o de que el Gobierno acepte revisar algunos puntos del decreto, mientras cada nueva jornada de inactividad amplía el costo económico para el comercio exterior y el abastecimiento energético.