Miguel Atampiz habló de los empleados que cobran sin trabajar y confirmó la aplicación de controles biométricos 

El escándalo por la denuncia del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) sobre la presunta existencia de “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sigue sumando capítulos. Este jueves 30 de octubre, el diputado provincial Miguel Atampiz salió a defender la gestión de su hermano, el intendente Juan Atampiz, y anunció que desde el próximo lunes comenzará a aplicarse un sistema de control biométrico de asistencia en todas las dependencias municipales.

En rueda de prensa, el legislador explicó que la medida apunta a garantizar la transparencia y normalizar la asistencia del personal municipal. “Se han comprado cinco máquinas que registrarán el ingreso y egreso de cada trabajador. Ya hablé con todos: algunos salen a trabajar entre semana y otros los fines de semana, según el área, pero todos deberán cumplir las 35 horas semanales”, sostuvo.

Los dispositivos serán instalados en el camping municipal, el cementerio, el vivero, el Centro Integrador Comunitario (CIC), la bloquera municipal y la sede central del municipio.

Atampiz también justificó la modalidad de trabajo flexible que había implementado durante su gestión como intendente. “Cuando yo fui intendente sabía lo mucho que sufren los empleados municipales para llegar a fin de mes. Hoy con 500 mil pesos no se puede, por eso les dimos la posibilidad de trabajar los fines de semana para que entre semana pudieran hacer otras changas y sumar una moneda más”, explicó.

El diputado remarcó que esa decisión “fue pensada como una ayuda, no como una irregularidad”. Además, reconoció la difícil situación económica del departamento: “En Zonda no tenemos trabajo, no hay obra pública, y en las viñas hay poco y nada. Está complicado para vivir”.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza. El fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales, investiga si existió una posible estafa al Estado. A su vez, el Tribunal de Cuentas analiza los legajos de todos los empleados municipales, que fueron retirados esta semana del municipio por orden del secretario general del SEP, José Díaz.

El conflicto se originó en agosto, cuando el gremio y concejales opositores denunciaron que de los 240 empleados de planta permanente, solo entre 50 y 60 cumplirían funciones efectivas, mientras que el resto, unos 180, cobraría sin trabajar.

La denuncia incluye a familiares del propio diputado Atampiz: su esposa, su hijo y la exesposa del actual intendente figurarían como empleados municipales. El legislador respondió que su hijo, Gustavo, “está amparado por la ley” porque trabaja en Vaca Muerta con permiso. También reconoció que otros casos señalados, como los de trabajadores que tendrían empleos en San Luis o en la mina Veladero, “deberán ser analizados por la Justicia”.

Para Atampiz, detrás de la acusación hay intereses políticos. “Creo que esta denuncia es más que nada una movida política. Los concejales que la impulsaron fueron empleados municipales y saben cómo era la situación. Pero todo pasa. Borrón y cuenta nueva, porque somos todos vecinos y en Zonda nos conocemos todos”, concluyó.