Ley de Tierras: negocian voto por voto

El oficialismo asegura que podría reunir entre 38 y 40 apoyos en el Senado tras aceptar un límite del 25% para la propiedad extranjera. Sin embargo, persisten rechazos dentro de la UCR y entre representantes de provincias fronterizas.

El Gobierno llega a la definición de la reforma de la Ley de Tierras con una mayoría posible, pero todavía inestable. La última concesión de la Casa Rosada permitió acercar posiciones con aliados del Senado, aunque varios legisladores mantienen condicionado su respaldo y el conteo definitivo continúa abierto.

La Libertad Avanza calcula que podría reunir entre 38 y 40 votos para aprobar el capítulo más controvertido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Cámara alta retomará este jueves 6 de agosto la sesión que pasó a cuarto intermedio el mes pasado, cuando el oficialismo debió suspender el debate porque no había conseguido asegurar la mayoría.

El nuevo escenario se abrió después de que el Gobierno aceptara fijar un límite del 25% de las tierras rurales de cada provincia para propietarios extranjeros. La propuesta original eliminaba prácticamente todos los topes establecidos por la legislación vigente.

El porcentaje funcionaría como un techo nacional. Cada provincia podría establecer una restricción menor, además de intervenir en la autorización de operaciones consideradas sensibles.

La legislación sancionada en 2011 establece actualmente un límite del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal. También determina que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y que ningún titular extranjero puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones.

El proyecto reformulado mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales. En el caso de empresas con participación estatal de otro país, la operación necesitará la aprobación del Gobierno nacional y de la provincia donde se encuentre el inmueble.

La autorización conjunta también se aplicará sobre terrenos ubicados en zonas de frontera o relacionados con recursos naturales, seguridad nacional y objetivos estratégicos.

La incorporación de estas condiciones fue reclamada por el PRO, parte de la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, cuyos votos son indispensables para el oficialismo.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar al menos 16 aliados para alcanzar la mayoría simple de 37 miembros. El PRO tiene tres representantes y la UCR, diez, aunque el radicalismo permanece dividido.

Dentro del bloque radical, la conducción estimaba inicialmente que siete de sus diez integrantes podían acompañar el proyecto. Sin embargo, Maximiliano Abad, de Buenos Aires, y Daniel Kroneberger, de La Pampa, expresaron su rechazo, mientras que la posición del catamarqueño Flavio Fama continuaba bajo negociación.

La conducción nacional de la UCR también cuestionó la reforma. El partido advirtió que flexibilizar los límites puede comprometer la soberanía, el agua, los recursos estratégicos y el control sobre las zonas fronterizas.

Los senadores de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se convirtieron en actores decisivos. Ambos evaluarían acompañar el proyecto en general, pero rechazar el artículo que eleva el límite para la compra de tierras por extranjeros.

La posición responde a las objeciones surgidas en Misiones, una provincia fronteriza donde el gobernador Hugo Passalacqua y sectores vinculados al Frente Renovador de la Concordia reclamaron mayores garantías para preservar el control territorial.

Neuquén también tomó distancia. El gobernador Rolando Figueroa anunció que impulsará una reforma provincial para que las tierras fiscales sólo puedan venderse a ciudadanos argentinos o a empresas de capital nacional.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, adelantó su voto negativo. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, sostuvo al cuestionar el proyecto.

El rechazo también alcanza al bloque Justicialista encabezado por José Mayans y a sectores políticos vinculados con los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

En sentido contrario, dirigentes oficialistas y parte del radicalismo sostienen que la reforma ofrecerá seguridad jurídica, favorecerá inversiones y mantendrá controles suficientes sobre Estados extranjeros y empresas vinculadas con gobiernos de otros países.

La senadora radical Carolina Losada aseguró que el proyecto había estado cerca de ser aprobado antes del receso. “Hasta que no se consigan todos los votos, la ley no se va a tratar”, admitió, aunque se mostró confiada en que las diferencias puedan resolverse.

La discusión parlamentaria excede la cuestión territorial. El proyecto también incorpora procedimientos acelerados para desalojos, modifica las condiciones para las expropiaciones y elimina restricciones de la Ley de Manejo del Fuego sobre el cambio de uso de terrenos afectados por incendios.

El verdadero punto de quiebre sigue siendo la Ley de Tierras. La concesión del límite del 25% permitió al Gobierno aproximarse a la mayoría, pero todavía no garantiza una votación ordenada: algunos aliados podrían apoyar la iniciativa en general y rechazar artículos centrales durante la discusión particular.

El oficialismo presentará este martes la nueva redacción y buscará cerrar el conteo antes de la sesión del jueves. Si consigue aprobarla en el Senado, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde las posiciones provinciales y la resistencia opositora abrirán una nueva negociación.