La Corte Suprema dejó firme la condena a Urribarri

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial durante su gestión provincial. Con la sentencia firme, el exmandatario podría volver a quedar detenido para cumplir la pena.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, al igual que los planteos de los demás condenados en el expediente. La sentencia también establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Urribarri, que gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel durante la presidencia de Alberto Fernández, había sido condenado originalmente el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Esa sentencia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos, y luego por el Superior Tribunal de Justicia provincial, antes de llegar a la Corte nacional.

La investigación determinó que, durante su administración, se montó un esquema para derivar fondos públicos hacia empresas de publicidad vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, aunque registradas a nombre de terceros. El expediente incluyó cinco hechos principales: el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que existiera formalmente, el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, la instalación de un parador en Mar del Plata con un costo de $14 millones de la época, y el pago a una productora para la difusión de spots vinculados a la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En la misma causa fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y el propio Aguilera, ambos a seis años de prisión, además de otros funcionarios y colaboradores con penas de entre dos y tres años, algunas en suspenso.