Fallo de la Corte Suprema: sin límites a tierras para extranjeros

La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo que declaraba inconstitucional el artículo 154 del megadecreto 70/23, la norma con la que Javier Milei derogó la Ley de Tierras al asumir en diciembre de 2023. En la práctica, el fallo del máximo tribunal elimina cualquier límite vigente a la compra de tierras rurales argentinas por parte de extranjeros, incluidas las zonas de frontera.

El artículo en cuestión había sido frenado por una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que impulsó un planteo de inconstitucionalidad invocando su rol como defensor de la soberanía nacional. Un tribunal inferior le había dado la razón y declaró inconstitucional la derogación, lo que mantenía en pie los límites históricos a la extranjerización de tierras. La Corte revocó esa sentencia.

En su resolución, el máximo tribunal no entró a discutir el fondo del asunto —si corresponde o no poner topes a la compra de tierras por extranjeros— sino que cuestionó la vía procesal: consideró que el CECIM no está legitimado para iniciar ese tipo de acción colectiva, y aprovechó el fallo para advertir a los tribunales inferiores sobre el riesgo de reconocerles capacidad de representación a actores que, a criterio de la Corte, no la tienen. Con ese argumento, dejó sin efecto la inconstitucionalidad y restableció la vigencia plena del artículo 154.

El resultado directo es que, mientras no surja un nuevo planteo con un actor que la Corte sí considere legitimado, no rige ningún límite legal a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, ni tampoco por parte de Estados extranjeros. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue uno de los primeros en advertir el alcance del fallo en las redes sociales, al señalar que a partir de ahora cualquier comprador extranjero, sea persona física, jurídica o un Estado, puede adquirir tierra rural en cualquier punto del país, zonas de frontera incluidas, sin restricción alguna.

La derogación de la Ley de Tierras —sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, que ponía un tope del 15% de la superficie rural nacional en manos extranjeras y limitaba la propiedad individual a 1.000 hectáreas en zonas núcleo— fue una de las medidas incluidas por Milei en el DNU 70/23 apenas asumió, dentro del paquete de desregulación económica que impulsó desde el primer día de su gestión.