Escándalo: procesan al broker de Alberto Fernández

El juez Casanello avanzó contra empresas que cobraron comisiones millonarias en contratos estatales con Nación Seguros.

La Justicia federal dio un paso clave en la causa por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales durante la presidencia de Alberto Fernández. El juez Sebastián Casanello procesó y ordenó embargos millonarios contra la empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. y otras siete intermediarias, acusadas de participar en maniobras irregulares con Nación Seguros.

La resolución alcanza a ocho empresas y a un exfuncionario, investigados por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y pago de dádivas, en hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y marzo de 2024, según consta en el expediente.

Entre las firmas procesadas figuran Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., con un embargo de más de $2.870 millones; Bachellier S.A., por $9.669 millones; TG Broker S.A., por $2.190 millones; Bri Brokers S.A., por $851 millones; San Germán Seguros S.A., con un embargo superior a $6.582 millones; San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros, por $1.872 millones; y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, por $7.866 millones. En cambio, la empresa Levelar S.A. obtuvo la falta de mérito.

El magistrado también procesó a Hugo Daniel Rodríguez, estrecho colaborador del entonces presidente y empleado en la Quinta de Olivos, acusado de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de casi $788 millones.

Según la investigación, las empresas se habrían beneficiado del cobro de comisiones millonarias como intermediarias en la contratación de pólizas por parte de organismos estatales, aprovechando conflictos de interés y vínculos con funcionarios de alto rango. Casanello sostuvo que las firmas no implementaron controles internos, no denunciaron irregularidades y no devolvieron los beneficios indebidos obtenidos.

En particular, el fallo remarcó el conflicto de interés en torno a Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Alberto Fernández y pareja de María Cantero, exsecretaria presidencial, vínculo que habría facilitado el acceso privilegiado a los contratos con el Estado.

La causa, iniciada tras una investigación periodística, ya había derivado en el procesamiento de Alberto Fernández, de María Cantero y del propio Martínez Sosa. Con esta nueva resolución, el juez avanzó ahora sobre las personas jurídicas, al considerar que las conductas de sus directivos y dependientes involucran a las empresas en actos de corrupción.

Los hechos investigados se concentraron en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos, que pagaron comisiones elevadas a intermediarios privados, generando un perjuicio al erario público.

Con los procesamientos y embargos confirmados, la causa entra en una fase decisiva, que podría derivar en nuevos llamados a indagatoria y en el avance hacia un eventual juicio oral, en uno de los expedientes de corrupción más sensibles vinculados a la gestión anterior.

Fuente: Clarín