- 22/10/2026
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Diputados aprobó nueva ley de Discapacidad: qué beneficios seguirán y qué cambia

Con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, la Cámara baja dio media sanción a una iniciativa acordada entre el oficialismo y distintos sectores opositores. El proyecto preserva prestaciones esenciales y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves un nuevo proyecto de ley destinado a establecer un marco permanente de protección para las personas con discapacidad. La iniciativa consiguió un respaldo amplio, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por distintos bloques políticos durante las negociaciones previas a la votación.
El resultado fue de 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El acompañamiento incluyó al peronismo, al PRO, a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica y a buena parte de los espacios provinciales. El texto obtuvo así la media sanción y continuará su recorrido legislativo en el Senado.
Uno de los principales objetivos del acuerdo fue reemplazar el esquema de emergencia vigente por una normativa de carácter permanente. De esta manera, se busca evitar que las garantías destinadas al sector dependan de sucesivas prórrogas legislativas y establecer condiciones más previsibles para los beneficiarios y los prestadores de servicios.
Qué establece la nueva iniciativa
Entre los puntos centrales del proyecto figura la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima. También se contempla su actualización periódica en función de la inflación, con el propósito de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La propuesta mantiene, además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta de acceso a los derechos correspondientes y conserva un sistema común de aranceles para las prestaciones básicas. Este nomenclador comprende servicios como rehabilitación, transporte, centros de día y acompañamiento, entre otras atenciones.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado. Según el texto acordado, las personas alcanzadas podrán incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto también incorpora garantías vinculadas con la cobertura sanitaria y la continuidad de las prestaciones, además de contemplar recursos presupuestarios específicos para sostener el sistema. Estas modificaciones fueron parte de los reclamos que distintos sectores de la oposición plantearon durante las conversaciones con La Libertad Avanza.
Las negociaciones que modificaron el proyecto
El entendimiento se alcanzó después de varias semanas de discusiones parlamentarias, impulsadas inicialmente por bloques opositores que buscaban extender la emergencia en discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año.
La estrategia del oficialismo consistió en promover una alternativa que permitiera dejar atrás ese régimen excepcional y establecer una legislación estable. Sin embargo, las conversaciones se intensificaron cuando el proyecto de Presupuesto 2027 incorporó disposiciones que generaron preocupación por su posible impacto sobre las pensiones y las prestaciones del sector.
Entre los puntos cuestionados se encontraban cambios en los criterios para acceder a las pensiones, modificaciones en la relación entre el beneficio y el empleo formal, y la eliminación de mecanismos comunes para determinar los valores de las prestaciones.
Ante las objeciones de aliados y opositores, el Gobierno aceptó revisar esos aspectos y retirar las medidas de ajuste previstas para el área en el proyecto presupuestario. Las modificaciones permitieron acercar posiciones y reunir una mayoría que excedió ampliamente los votos propios del oficialismo.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad tuvo un papel importante en las gestiones para incorporar las exigencias de distintos bloques. Desde Unión por la Patria, legisladores como Juan Marino y Victoria Tolosa Paz también participaron de las negociaciones para garantizar que el nuevo texto mantuviera derechos y contemplara mecanismos de financiamiento.
Financiamiento, controles y deudas con prestadores
La discusión no se limitó a la continuidad de las pensiones. Los legisladores también reclamaron precisiones sobre los fondos necesarios para sostener las prestaciones y evitar que las garantías incluidas en la ley quedaran sin respaldo económico.
En ese sentido, el texto contempla partidas destinadas a financiar el sistema y mecanismos para cubrir eventuales insuficiencias presupuestarias. Durante el debate se hizo referencia a una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubica el costo fiscal de la iniciativa en aproximadamente $598.912 millones para 2027.
La propuesta prevé, además, auditorías y controles periódicos sobre los beneficios, mediante el intercambio de información entre organismos públicos. En caso de detectarse irregularidades, deberán contemplarse procedimientos que garanticen la notificación correspondiente y el derecho de defensa de las personas involucradas.
Otro de los aspectos incluidos es la regularización de las obligaciones pendientes con los prestadores. Si al momento de la sanción definitiva existieran deudas sin cancelar, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y efectuar las cancelaciones previstas en un plazo de hasta 90 días.
Un respaldo amplio, aunque persisten cuestionamientos
Pese al resultado de la votación, el debate dejó planteadas diferencias sobre el alcance de la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y sobre la aplicación efectiva de los compromisos presupuestarios.
Algunos legisladores cordobeses votaron en contra al cuestionar la intervención del sector en la elaboración de la norma. Por su parte, representantes de la izquierda se abstuvieron, entre otros motivos, por sus objeciones respecto de las deudas que mantiene el Estado con los prestadores.
Desde la oposición también advirtieron que será necesario verificar que los recursos comprometidos se incorporen efectivamente al Presupuesto 2027 y que las disposiciones aprobadas se traduzcan en mejoras concretas para los beneficiarios.
El oficialismo defendió el acuerdo y sostuvo que la protección social puede compatibilizarse con la administración responsable de los recursos públicos.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde continuará el tratamiento antes de convertirse, eventualmente, en ley.


