Desalojos exprés: inquilinos de San Juan rechazan la media sanción

La Asociación de Inquilinos cuestionó el proyecto aprobado por el Senado y advirtió que acelerará los desalojos en un contexto de crisis habitacional. El oficialismo sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad y agilizar la recuperación de inmuebles. La iniciativa ahora deberá ser tratada por Diputados.

La media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió un nuevo frente de debate entre propietarios e inquilinos. Mientras el Gobierno nacional defiende la reforma como una herramienta para acelerar los procesos judiciales y brindar mayor seguridad jurídica, la Asociación de Inquilinos de San Juan denunció que la iniciativa representa «un nuevo ataque contra los inquilinos argentinos» y pidió a los diputados nacionales que rechacen el proyecto.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra, aunque el oficialismo debió retirar los capítulos referidos a la venta de tierras a extranjeros y a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego para reunir los apoyos necesarios. El texto mantiene, entre otros puntos, la aceleración de los desalojos, cambios en el régimen de expropiaciones y nuevas herramientas procesales para la restitución de inmuebles. Ahora será debatido en la Cámara de Diputados.

Qué cuestionan los inquilinos

En un comunicado difundido tras la votación, la Asociación de Inquilinos de San Juan afirmó que el proyecto «equipara injustamente a un inquilino con un ocupante ilegal» y advirtió que los procesos acelerados podrían perjudicar a familias que atraviesan dificultades económicas.

La entidad sostuvo que el país enfrenta desempleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente endeudamiento, por lo que consideró inoportuno avanzar con una reforma que reduzca los tiempos judiciales para recuperar viviendas.

Además, remarcó que muchos alquileres aún se pagan de manera informal, lo que, según la organización, podría dejar a numerosos inquilinos en una situación de indefensión frente a un proceso abreviado.

Preocupación por el impacto de la minería

El comunicado también incorpora un planteo específico para San Juan.

«El crecimiento de la actividad minera puede generar una mayor demanda de viviendas y convertir los desalojos en una práctica habitual para reemplazar familias por nuevos inquilinos con mayor capacidad de pago», señaló la entidad.

En ese sentido, advirtió que el desarrollo económico de la provincia no debe producirse a costa del acceso a la vivienda y sostuvo que «el negocio inmobiliario no puede quedar por encima del derecho a la vivienda».

Qué cambia con la ley

El proyecto aprobado en el Senado establece que los desalojos tramiten mediante juicio sumarísimo, con el objetivo de reducir los tiempos de resolución judicial. También permite que los propietarios soliciten la restitución anticipada del inmueble durante el proceso y mantiene una intimación previa de 10 días en los casos de falta de pago de alquileres antes de iniciar la demanda judicial.

La reforma, sin embargo, no habilita desalojos sin intervención judicial. Un juez seguirá siendo quien deba resolver cada caso y, cuando existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, deberá intervenir el organismo de protección correspondiente.

El proyecto sigue en debate

La Asociación de Inquilinos pidió a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa cuando llegue a la Cámara de Diputados.

«Esperamos que los diputados nacionales no acompañen semejante injusticia. Aún están a tiempo de ponerse del lado de la sociedad y no de quienes pretenden seguir profundizando una crisis que ya golpea con dureza a millones de argentinos», concluye el documento.

La media sanción del Senado no implica la entrada en vigencia de la reforma. El proyecto deberá ser aprobado por Diputados y, de convertirse en ley, comenzará una nueva discusión sobre su implementación y el impacto que tendrá tanto en el mercado de alquileres como en el acceso a la vivienda.