- 23/10/2026
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Cristina y Máximo Kirchner, a juicio por lavado

La Justicia inicia un nuevo proceso contra la expresidenta y su hijo por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita mediante negocios hoteleros e inmobiliarios. Hay 32 imputados, posibles penas de prisión y un escenario judicial que puede condicionar el futuro político del kirchnerismo.
Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo enfrentan desde este viernes 23 de octubre un nuevo juicio oral por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, en las causas Hotesur y Los Sauces. El proceso investigará si empresas de la familia fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes de presuntas operaciones ilícitas mediante contratos de alquiler de hoteles e inmuebles.
El debate comenzó a las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py, con 32 acusados, entre ellos Florencia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Será el tercer juicio oral contra la expresidenta y el primero que deberá afrontar Máximo Kirchner.
La relevancia del proceso trasciende el ámbito judicial. Cristina Kirchner ya cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, mientras que su hijo continúa su actividad política y parlamentaria. Una eventual condena en este nuevo expediente podría agravar la situación penal de la exmandataria y comprometer las aspiraciones electorales de Máximo.
Qué investigan las causas Hotesur y Los Sauces
La acusación sostiene que las sociedades vinculadas a la familia Kirchner habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito, mediante negocios comerciales con empresarios que mantenían relaciones económicas con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.
La causa Hotesur se concentra en la actividad hotelera de la familia en Santa Cruz. Los investigadores buscan determinar si los pagos realizados por empresas vinculadas a Lázaro Báez respondían a operaciones comerciales genuinas o constituían un mecanismo para introducir dinero de origen ilícito en el patrimonio familiar.
En ese expediente aparece la empresa Valle Mitre, que administró establecimientos hoteleros y realizó pagos a Hotesur. La investigación incluye operaciones por más de $28 millones entre 2010 y 2013, según los requerimientos de elevación a juicio.
Por su parte, Los Sauces investiga contratos de alquiler de propiedades pertenecientes a la sociedad familiar con empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La hipótesis fiscal es que determinados contratos habrían servido para encubrir transferencias de dinero mediante operaciones inmobiliarias aparentemente legales.
El tribunal deberá establecer si existieron delitos, cuál fue el origen de los fondos y qué responsabilidad tuvo cada acusado. Las defensas rechazan las imputaciones y sostienen la legalidad de las operaciones comerciales.
Qué les imputan a Cristina y Máximo
En el expediente Los Sauces, la acusación atribuye a Cristina Kirchner el presunto papel de jefa de una asociación ilícita, mientras que a Máximo Kirchner se lo señala como organizador de la estructura investigada.
Ambos enfrentan además imputaciones por lavado de activos, delito que consiste en realizar operaciones destinadas a otorgar apariencia lícita a bienes provenientes de actividades delictivas.
Para sostener una condena, la fiscalía deberá acreditar los elementos de cada delito, incluida la existencia de una organización criminal en el caso de la asociación ilícita y el origen ilícito de los fondos en el caso del lavado.
La situación de Máximo adquiere particular importancia porque será su primera experiencia como acusado en un juicio oral federal, a diferencia de su madre, que ya atravesó otros procesos judiciales.
Las penas que podrían recibir
El Código Penal contempla sanciones severas para los delitos investigados.
Por lavado de activos, la legislación establece penas de 3 a 10 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar entre dos y diez veces el valor de las operaciones involucradas, según el encuadre legal aplicable.
La asociación ilícita también contempla penas de 3 a 10 años de prisión, con un mínimo de cinco años para quienes sean considerados jefes u organizadores.
Si el tribunal comprobara la comisión de ambos delitos, debería determinar la pena conforme a las reglas del concurso de delitos, considerando la responsabilidad individual de cada acusado. Por lo tanto, no existe una condena predeterminada ni corresponde sumar automáticamente las penas máximas.
En el caso de Cristina Kirchner, una eventual nueva condena firme obligaría a resolver cómo se unifica o computa con la sentencia que ya cumple por Vialidad.
Para Máximo Kirchner, una condena firme podría significar una pena de prisión y consecuencias directas sobre su carrera política.
Cuánto puede durar el juicio
El Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, tendrá a su cargo el debate.
La programación inicial contempla tres audiencias semanales, los lunes, viernes y sábados, con jornadas adicionales durante octubre y la posibilidad de utilizar parte de la feria judicial de enero de 2027.
Sin embargo, la cantidad de imputados, la documentación financiera y contable, las declaraciones testimoniales y los planteos de las defensas anticipan un proceso complejo.
No existe una fecha confirmada para la sentencia. El juicio podría extenderse durante varios meses y eventualmente avanzar durante 2027, dependiendo del desarrollo de la prueba y de las decisiones del tribunal.
Además, cualquier sentencia podrá ser recurrida ante instancias judiciales superiores, por lo que una eventual condena no necesariamente quedará firme al finalizar el debate oral.
El impacto sobre las candidaturas
El proceso abre un escenario diferente para Cristina y Máximo Kirchner.
La expresidenta ya tiene inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, impuesta en la causa Vialidad. Por ese motivo, el nuevo juicio no modifica por sí mismo su actual imposibilidad de competir electoralmente, aunque podría profundizar las consecuencias penales de su situación.
En cambio, Máximo Kirchner no queda automáticamente inhabilitado para ser candidato por el inicio de este juicio. La apertura del debate oral no equivale a una condena ni implica, por sí sola, la pérdida de sus derechos políticos.
Una eventual sentencia condenatoria podría generar nuevos obstáculos, especialmente si adquiriera firmeza. Su impacto concreto sobre una candidatura dependerá de la situación procesal, la legislación electoral aplicable y las decisiones judiciales correspondientes.
Desde el punto de vista político, el juicio también puede influir en la organización del peronismo y del kirchnerismo de cara al calendario electoral de 2027.
La continuidad de Máximo como dirigente y eventual candidato quedará atravesada por un proceso judicial de elevada exposición pública, mientras Cristina conserva influencia dentro de su espacio político pese a su inhabilitación.
Un expediente que lleva más de una década
La investigación Hotesur comenzó en 2014, mientras que Los Sauces se inició en 2016.
En 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5, con otra integración, había dispuesto sobreseimientos sin realizar el juicio oral. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión en 2023, lo que permitió reactivar el camino hacia el debate.
Más recientemente, surgieron diferencias judiciales sobre si ambas causas debían juzgarse juntas o por separado. Finalmente, Casación dispuso mantener la unificación, al considerar la conexión entre las maniobras investigadas.
La decisión permitirá examinar en un mismo proceso las operaciones hoteleras e inmobiliarias que la fiscalía considera parte de una presunta estructura común.
Un nuevo frente judicial para el kirchnerismo
El juicio comenzará con Cristina y Máximo Kirchner autorizados a participar de manera remota en la audiencia inaugural. La expresidenta lo hará desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, mientras que su hijo solicitó esa modalidad por sus obligaciones parlamentarias.
Después de la apertura, la regla será la presencialidad, salvo autorizaciones excepcionales.
El resultado tendrá consecuencias que excederán a los acusados. Una absolución fortalecería la posición judicial de las defensas, mientras que una condena abriría un nuevo capítulo penal y político para la familia Kirchner.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el desarrollo del juicio y los tiempos de la Justicia serán factores relevantes para el futuro del principal núcleo político del kirchnerismo.


