Cerraron la causa del choque que protagonizó el nieto de Gioja: consideran que no hubo imprudencia

La resolución fue adoptada más de un año después del siniestro ocurrido en Capital, donde Elías Peze López sufrió graves lesiones. El fiscal Sebastián Gómez aplicó un criterio de oportunidad y desistió de continuar con la acción penal pública.

La investigación judicial por el accidente protagonizado en julio de 2025 por Fabricio Gabriel Gioja Gilabert, nieto del exgobernador José Luis Gioja, tuvo un nuevo giro. El fiscal Sebastián Gómez resolvió dejar de impulsar la acción penal pública al entender que los elementos reunidos durante el expediente no permiten sostener que haya existido una imprudencia grave o una conducta temeraria al volante.

La decisión quedó plasmada en una resolución fechada el 29 de septiembre de 2026 y fue adoptada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales mediante la aplicación de un criterio de oportunidad. El siniestro había ocurrido el 6 de julio de 2025, cerca de las 6 de la mañana, en la esquina de Maipú y General Acha, en Capital.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, Gioja circulaba en una Toyota Hilux por calle Maipú, en dirección oeste-este, y al llegar a General Acha habría avanzado sin respetar la señal de PARE. En ese momento impactó contra un Peugeot 308 conducido por Elías Rodrigo Peze López, que transitaba de sur a norte.

El choque provocó heridas de consideración en Peze López, quien tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El joven presentó traumatismo de cráneo con contusión hemorrágica, fracturas en el cráneo y la órbita ocular, múltiples lesiones faciales, traumatismo de tórax con hemorragia interna y politraumatismos.

Por la gravedad de su estado, permaneció internado en terapia intensiva y fue sometido a un coma inducido mientras los médicos evaluaban su evolución. Posteriormente, un médico legista estableció que las lesiones le demandaron 60 días de incapacidad.

Durante la investigación se incorporaron numerosos elementos para reconstruir lo ocurrido. Entre ellos figuran informes policiales, una inspección del lugar, documentación médica, la historia clínica de la víctima, documentación de la camioneta, pericias de Policía Científica, resultados de alcoholemia y detección de estupefacientes, evidencia digital, una pericia accidentológica y documentación correspondiente a un expediente civil.

Tras analizar ese material, el fiscal Gómez consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener abierta la persecución penal pública. Entre los argumentos expuestos señaló la ausencia de circunstancias agravantes y sostuvo que el caso no presentaba una afectación de suficiente gravedad al interés público.

La resolución establece que tampoco surgieron elementos de convicción que permitieran acreditar una imprudencia grave o una conducción temeraria. Por ese motivo, la Fiscalía entendió que correspondía aplicar el criterio de oportunidad y prescindir de continuar con la acción penal pública.

El cierre de esta instancia no significa que el accidente no haya sido investigado. Por el contrario, el expediente reunió diferentes informes, pericias y documentos destinados a esclarecer las circunstancias del choque. Lo que determinó la Fiscalía fue que, con las pruebas obtenidas, no correspondía continuar con la persecución penal estatal.

Otro punto considerado fue la reparación económica de los daños. La Toyota Hilux involucrada tenía cobertura de Rivadavia Seguros y, además, existe un expediente en el fuero Civil en el que se dictó un embargo preventivo sobre un inmueble relacionado con la persona jurídica propietaria del vehículo.

En ese contexto, la defensa de Gioja había presentado una propuesta de conciliación por 10.000 dólares con el objetivo de alcanzar una salida alternativa. Sin embargo, Peze López rechazó la oferta y no se logró un acuerdo entre las partes.

La resolución fiscal contempla, además, una alternativa para la víctima. Peze López tiene la posibilidad de convertir la acción penal pública en una acción privada y continuar el reclamo mediante una querella, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal de San Juan.

Para avanzar por esa vía, dispone de un plazo de 60 días desde que fue notificado de la aplicación del criterio de oportunidad. En caso de concretarse, el proceso deberá seguir las reglas correspondientes a los delitos de acción privada.

De esta manera, más de un año después del siniestro ocurrido en Capital, la Fiscalía dio por concluida la persecución penal pública contra Gioja, mientras la víctima mantiene abierta la posibilidad de continuar el reclamo por la vía judicial privada.