Condenaron a exempleada y gestores por otorgar jubilaciones fraudulentas en la UDAI de Rawson

María Fernanda Cerdera y los gestores Rubén Gómez y Carlos Zárate, fueron sentenciados a dos años de prisión condicional.

El Tribunal Oral Federal  conformado por Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo homologaron el acuerdo impulsado por Fiscalia y dictó  sentencia contra tres de los involucrados en el caso de las jubilaciones truchas en el ANSES de Rawson. Fueron condenados a la pena de dos años de prisión condicional, sin cárcel la exfuncionaria de la UDAI Rawson en su María Fernanda Cerdera y a los gestores Rubén Gómez y Carlos Zárate.

Mientras fue absuelta  por el beneficio de la duda Andrea del Valle Masquijo, a quien según Fiscalía no se le pudo comprobar delito.

El hechos se reistró el 31 de agosto de 2009, luego de una presentación realizada desde la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social. La causa fue tramitada por el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, por maniobras irregulares en la concesión de jubilaciones desde el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2008.

El accionar de los gestores  fue que adulteraron las fechas de nacimiento de las personas que averiguaban para acceder a una jubilación en las fotocopias de sus DNI, con el objetivo de que llegasen a la edad jubilatoria requerida por ley en esa época, tanto para hombres (65 años) como para mujeres (60).

Los gestores, incurrieron en el delito de falsificación de documento y fraude contra la administración pública, con planes de moratoria.

Los gestores apuraban los trámites con la sola presentación de fotocopias del DNI, lo que avalaron algunos empleados. Aunque Gómez y Zárate tramitaban los beneficios con la adulteración de las fechas de nacimiento. Por sus servicios, cuya maniobra delictiva desconocían los beneficiarios, cobraban desde sumas fijas (300, 900 y 1.000 pesos) hasta un haber y medio o tres haberes.

Los jubilados de esa manera, dependiendo de los casos, cobraron durante dos, cinco, 10 y 11 meses, hasta que el beneficio se les suspendió por la irregularidad. Los damnificados  tuvieron que rehacer el trámite cuando cumplieron la edad jubilatoria para poder cobrar legalemente.

El perjuicio económico para el Estado nacional fue calculado en 40.973 pesos al valor de 2008, una cifra que, actualizada al valor actual de una jubilación mínima, equivaldría a más de 25 millones de pesos.